penas dos años le duró el gusto a uno de los bancos chatarra autorizados en el último semestre del calderonato, cuya aprobación se registró el 20 de julio de 2012 y llevó la firma del entonces presidente de la Comisión Nacionl Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, en tiempos de José Antonio Meade Kuribreña, actual secretario de Relaciones Exteriores, como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Veinticuatro meses después de dicha aprobación, el Banco Bicentenario muerde el polvo, y el heredero del Fobaproa entra al rescate de los usuarios de dicha institución bancaria. A partir de ya, el IPAB, cuyo secretario ejecutivo casualmente se llama Lorenzo Meade Kuribreña, ha tomado el control del proceso de liquidación y estará encargado de realizar el pago de las obligaciones garantizadas de los depositantes en dicha institución, según reza el comunicado oficial difundido ya muy entrada la noche del lunes.

Se trata de un minúsculo banco, el Bicentenario, con apenas cuatro sucursales (dos en Nuevo Laredo, una en Veracruz y otra en el Distrito Federal), dedicado al comercio exterior y que hasta ayer fue el número 46 del sistema financiero que opera en el país, cuya cabeza visible se llama Ignacio Landa Ventosa, ex presidente del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito y a quien en el bello estado atribuyen cercanía con el ex gobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán, el feliz ganador de la Lotería en no pocas ocasiones cuando despachaba como tal.

Su autorización se dio en el sexenio encargado de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, cuando el inquilino de Los Pinos decidió que todo llevara esos nombres, especialmente el primero, porque el segundo no era de su agrado. Así, igual de lamentable resultó la organización y el producto de dichos festejos que la autorización y el nacimiento del banco que se comenta, no sin olvidar que Vicente Fox inauguró la práctica de pagar favores políticos y económicos con autorizaciones para crear bancos chatarra, tendencia que reafirmó el propio Felipe Calderón.

¿Qué pasó con o qué se comió el Banco Bicentenario que apenas en noviembre de 2013 reportaba (cifras de la CNBV) un índice de capitalización de 16.7 por ciento (nivel similar a los grandes del sistema), proporción que en mayo se redujo a 9.9 por ciento y un mes después, al cierre de junio de 2014, se desplomó a 2.98 por ciento? Y sobre todo, ¿qué pasará con los responsables del quebranto? Ello, porque la información proporcionada por la siempre vigilante autoridad gubernamental ni siquiera se toma la molestia de mencionar a la cabeza visible de la ahora quebrada institución financiera. Mucho menos los nombres de los accionistas.

Por ley, el IPAB de inmediato entra en acción y los depositantes están cubiertos y cuentan con garantía, pero de cualquier suerte hay que pagar y no serán los dueños quienes aporten el dinero. El citado índice de capitalización al cierre de junio pasado es motivo suficiente, también por ley, para revocar la autorización. El heredero del Fobaproa aclaró ayer que en términos de la ley, el IPAB no garantiza los depósitos a favor de los accionistas, de los miembros del consejo de administración, de los funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de Banco Bicentenario, de los apoderados legales con facultades administrativas y de los gerentes generales. Sin embargo, estas personas conservan su derecho ante la institución en liquidación.

Bien, pero ¿de dónde saldrá el dinero para cubrir a los depositantes? Pues de los recursos del IPAB, que no son otros que los del erario. ¿Y los causantes del quebranto? Para su casa, tranquila y cómodamente, mientras inventan otro gran negocio y buscan padrinazgos políticos y económicos. Cabe mencionar que del aquelarre bancario resultante de la reprivatización salinista (1991-1992) sólo uno terminó en la cárcel (Topo Chico, Nuevo León), el chico expiatorio, porque todos debieron tener el mismo fin. Hoy, sin embargo, gozan de Cabal salud (política, financiera y, sobre todo, judicial).

La versión oficial de los acontecimientos la dieron ayer seis funcionarios del sector Hacienda, y dice así (sic y recontra sic): “La situación prevaleciente en el banco no fue revertida por su administración, por lo que con motivo de, primero, el desapego a su plan de negocios respecto del monto que efectivamente colocó en operaciones activas, vale la pena señalar que únicamente colocaron 30 millones de pesos en 14 créditos, cuando la propia meta del banco era de 496 millones.

“Segundo, las continuas pérdidas operativas y, tercero, el incumplimiento del compromiso de capitalización por parte de los socios, ocasionó que al cierre de junio el capital contribuido que era de 485 millones de pesos, se redujera en 374 millones, dando como resultado un capital contable de 111 millones de pesos; inferior al mínimo regulatorio. Dicho capital significó para el cierre del mes de junio de 2014, que el banco tuviera el índice de capitalización mencionado de 2.98, lo que dio inicio al proceso de revocación concluido el día de ayer.

“La liquidación de Banco Bicentenario no afecta la estabilidad del sistema mexicano. Para poner en contexto su tamaño, de cada 100 pesos en activos hoy en el sistema bancario, Banco Bicentenario sólo representa 1.5 centavos, un centavo y medio. De las más de 12 mil 600 sucursales operando en México, este banco contaba únicamente con cuatro sucursales, y de los 25 millones de ahorradores, solamente 670 lo hacían en Banco Bicentenario.

Dado su tamaño y la falta de interconexión con el resto del sistema financiero mexicano, su cierre no tiene una implicación de estabilidad o liquidez para el propio sistema. El caso Bicentenario no implica un riesgo para el sistema financiero en su conjunto, la banca mexicana se mantiene fuerte y bien capitalizada, con un índice de capitalización promedio de 15.4 por ciento, 4.9 por ciento por arriba del mínimo requerido.

El Banco Bicentenario tenía 670 depositantes, de los que menos de 40 por ciento eran de verdad. El resto eran socios y directivos, es decir, se prestaban a sí mismos, la misma escuela del crac bancario de 1994.

Las rebanadas del pastel

Si de recuerdos del Fobaproa se trata, ya apareció la nueva intentona tricolor de rescate: el PRI en la Cámara de Diputados, en acuerdo con el Sindicato Petrolero, informó que para el paquete económico 2015 propondrá que el gobierno federal asuma como deuda pública el pasivo laboral de Pemex (un billón 347 mil millones de pesos, equivalente a 6.95 por ciento del PIB (La Jornada, Enrique Méndez).

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