Las instalaciones del albergue La Gran Familia presentaban graves condiciones de insalubridad, con materia fecal en los pisos, sanitarios sin agua, alimentos en estado de descomposición e incluso fauna nociva, además de celdas de castigo, de acuerdo con el testimonio de las víctimas, señaló el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista.

En charla con La Jornada, el funcionario indicó que desde el momento en que el organismo supo del operativo en la casa-hogar dirigida por Rosa del Carmen Verduzco, en Zamora, Michoacán, envió un equipo de seis visitadores adjuntos y dos peritos en sicología para dar ayuda jurídica y emocional a los niños y adultos que estaban en el lugar y a sus familiares.

Hasta el pasado martes, abundó, la CNDH había atendido a 171 menores de edad que estaban internados en La Gran Familia –93 niños y 78 niñas–, quienes fueron enviados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a albergues en los estados de México, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Morelos, así como del Distrito Federal.

Además de prestar ayuda a 105 menores, también se auxilió a 14 adultos que estaban en la casa dirigida por Verduzco –conocida como Mamá Rosa– y a 93 padres de familia de las niñas y niños internados, para un total de 212 personas.

Por otro lado, añadió Batista, la CNDH se ha dedicado a analizar si la investigación de las autoridades encargadas del caso –empezando por la Procuraduría General de la República y el gobierno de Michoacán– se ha apegado a derecho, sin violar las garantías de las víctimas y los presuntos involucrados en los hechos.

Al inspeccionar el sitio, dijo el visitador, se encontraron condiciones insalubres en las instalaciones donde se alojaba a los menores, con presencia de materia fecal en los pisos, baños sin agua, dormitorios con colchones y cobijas en mal estado, alimentos en descomposición e incluso fauna nociva, como cucarachas.

De igual forma, el personal de la CNDH recabó testimonios de maltratos físicos y de la existencia de celdas de castigo, en donde algunos menores permanecían hacinados por tiempo indefinido por haberse portado mal. Algunos de ellos, además, manifestaron temor de volver a sus casas, posiblemente por haber sido víctimas de violencia intrafamiliar.

Consultado sobre la aparente falta de supervisión en los albergues para niños sin cuidado parental, Batista subrayó que las encargadas de determinar este punto y la probable responsabilidad penal de los implicados son las autoridades ministeriales, por lo que es necesario esperar al término de las indagatorias.