Diversas organizaciones sociales anunciaron que continúan recolectando firmas para exigir la promulgación de una ley general para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas en México, en la cual se tome en cuenta el punto de vista de los familiares de las víctimas y los colectivos que las han acompañado, pues en las discusiones legislativas sobre el asunto la perspectiva de estos grupos ha estado ausente.

Los colectivos que promueven dicha iniciativa –entre ellos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el comité Hasta Encontrarlos y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México– llamaron a suscribir y enviar antes del 25 de agosto una carta a los diputados y senadores urgiéndolos a aprobar dicha norma.

En la misiva se indica que aunque el pasado 4 de junio se realizó en San Lázaro una mesa de análisis sobre esta iniciativa de ley –la cual se encuentra en revisión en las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Pública–, únicamente fueron invitados algunos especialistas sobre el tema, haciendo a un lado a los familiares de las víctimas y a organizaciones que han seguido de cerca este fenómeno.

De esta forma, lamentaron, se les está excluyendo de un importante proceso en el que deberían ser partícipes. Esto nos preocupa dado que no se están tomando en cuenta sus opiniones y sus observaciones, siendo éstas de suma importancia, ya que son ellos quienes se encuentran luchando todos los días en la búsqueda de la verdad y la justicia sobre sus familiares desaparecidos.

Por tal razón, los colectivos exigen en la carta que ambas cámaras incluyan en el proceso de debate y análisis de la ley a los familiares de los desaparecidos y a las organizaciones de derechos humanos, se apruebe la reforma constitucional para que el Congreso de la Unión tenga facultades para aprobar una ley general en la materia, se incorporen todas las observaciones de los expertos y se eviten retrasos innecesarios.

Luego de destacar la gravedad de las desapariciones forzadas en México, los promotores de la campaña recalcaron que una ley general sobre este crimen de lesa humanidad no debe ser puesta en reserva con el argumento de que el Congreso no tiene facultades para emitirla.