La falta de suelo a precio accesible ha ocasionado que cada año emigren del Distrito Federal 23 mil personas –que en una década equivale a cerca de medio millón–, las cuales se han ido a las franjas limítrofes con el estado de México, señala un diagnóstico elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X).

El documento, que sirvió de base para proponer la creación de las normas de desarrollo urbano 30 y 31, indica que si bien es cierto que esos capitalinos se han ido a radicar a la entidad vecina, también lo es que siguen trabajando, estudiando, comprando y accediendo a los servicios básicos del Distrito Federal.

El estudio de los investigadores Pablo Benlliure y Gerardo Gómez del Campo cita que en el ámbito del transporte esa población que emigró invierte ahora, en promedio diario, cuatro horas de su tiempo en ir y venir de un punto a otro entre la ciudad de México y la entidad mexiquense.

Con base en datos obtenidos a partir de trabajo de campo e información documental de Internet, se detalla que en los pasados nueve años el costo del suelo se incrementó 17 por ciento más que los costos de construcción.

Los datos, expuestos en una reunión de autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y los investigadores universitarios con representantes de los medios de comunicación, refieren también que delegaciones como Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero e Iztapalapa dejaron de crecer o están decreciendo.

Se puntualiza que en las demarcaciones territoriales que forman la ciudad central (Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo), el número de habitantes disminuyó en un millón 200 mil, a pesar del boom inmobiliario y la aplicación del bando 2, que concentraba en ellas la construcción de vivienda.

Por el contrario, detalla el diagnóstico, la población de las delegaciones con suelo de conservación, entre ellas Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Cuajimalpa, ha crecido en cerca de un un millón 700 mil personas en los años recientes.

Cuando se dio a conocer el estudio se detalló que con la aplicación de la norma 30 –que permite la construcción de vivienda de interés social en 661 colonias, con precios que van de 495 mil y 740 mil pesos– se construirían 6 mil viviendas para 2018, con lo que se revertiría la expulsión de la gente de la ciudad.

Los compradores de estas viviendas de 45 metros, en promedio, podrán venderla a precio de mercado después de cinco años, cuando estará liberada la anotación de escritura pública, sin riesgo de ser sancionados y/o clausurado el desarrollo.