as reformas legales que en estos días se están consumando en el Congreso de la Unión para transformar profundamente el régimen de extracción del petróleo y el gas, así como la generación de energía eléctrica, representan una segunda desamortización de las tierras y los recursos naturales, similar a la que se vivió en el país en el siglo XIX, pero mas profunda. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, desamortizar es poner en estado de venta los bienes de manos muertas, mediante disposiciones legales. No otra cosa representan las reformas que están aprobando al vapor los diputados y senadores que juraron defender las leyes mexicanas, con el agravante de que, igual que hace casi siglo y medio, los recursos no están en manos muertas, es decir improductivos, sino limitada su entrada al mercado porque su fin, cuando se regularon, era que sirvieran al bienestar de los mexicanos.

Mucho se ha dicho que con estas reformas se profundizará el despojo de las tierras a los ejidos y comunidades agrarias, que son quienes poseen en propiedad la mayor parte del territorio mexicano, lo mismo que los territorios de los pueblos indígenas, que son bajo los cuales se encuentran los bienes codiciados por el capital. Y es cierto, pero es más que eso: no sólo de despoja a los hombres del campo sino a la nación entera, porque ahora, a diferencia de cuando sucedió la primera desamortización, ella es la titular de los recursos que se ponen en venta. Con las reformas se abre el camino para que el Presidente de la República, haciendo un uso discrecional de su facultad de expropiar y de imponer modalidades a la propiedad, lo siga haciendo. La diferencia es que estas medidas, que en su origen estuvieron orientadas a favorecer el fortalecimiento de la nación y el cuidado de sus bienes, para que apuntalaran el bienestar de los mexicanos, ahora se usarán en beneficio de los particulares.

El cambio es verdaderamente profundo. Ahora la expropiación y las limitaciones al uso de la propiedad ya no restringen la acción del capital sino se utilizan para despojar a los campesinos y pueblos indígenas de sus propiedades, en nombre de la nación, aunque todos sabemos que es para favorecer a los dueños del capital trasnacional. Junto con ello el Presidente hace un uso abusivo de la facultad que las leyes le otorgan para concesionar o autorizar la explotación de los recursos naturales, el agua, las minas y los bosques, entre los más importantes. Es abusivo porque la discrecionalidad que le otorga la ley es para que vele por el bien de la nación, no para que favorezca a particulares. Y así se dice en las leyes, donde se califica como utilidad pública la entrega de los recursos a las empresas extranjeras, cuando todos sabemos que es utilidad particular.

A esto hay que agregar lo dispuesto en las leyes que regularán la extracción del petróleo y la generación de energía eléctrica, que obligan a contratos forzosos y, en su caso, a la expropiación de las tierras que las empresas privadas necesitan para llevar a cabo estas actividades. De nada sirve que se haya retirado de ellas la figura de la expropiación, pues ya se encuentra en la ley de la materia y se reitera en la ley agraria, por lo cual su inclusión en las recientes reformas era una reiteración innecesaria. Lo que es novedoso es la ocupación temporal para este tipo de actividades; por eso los cabilderos de la reforma centraron en ella su esfuerzo para que no saliera de la ley, lo mismo que la imposición de servidumbres, pues con ellas completan el círculo de mecanismos para el despojo. Ahora tienen a su disposición la compraventa y la renta, donde el Estado no interviene, pero si eso no es suficiente, pueden recurrir a la expropiación, la ocupación temporal y la imposición de servidumbres.

La segunda desamortización de las tierras y los recursos naturales en México tiene mucha similitud con la primera, pero también lleva sus propio sello. Coincide en que un paquete de leyes busca poner los recursos naturales al servicio del capital trasnacional, en detrimento de los derechos de los campesinos y de los pueblos originarios. Lo novedoso es que ésta no sólo afecta a los propietarios de la tierra sino a todos los mexicanos, porque su fin último no es apropiarse de la superficie del territorio nacional sino tener acceso a ella para llegar al verdadero tesoro. Hace más de un siglo, la desamortización de la tierra trajo como consecuencias el aumento del desempleo en el campo, la escasa producción de alimentos y como consecuencia el incubamiento del descontento social que terminó dando origen a la Revolución. De eso nos advierten los campesinos ahora. Ojalá y su voz no se pierda entre el ruido que festeja otro triunfo del capital contra los derechos sociales.