La aprobación de las leyes secundarias en materia energética va a lanzar al país al desastre financiero, a la quiebra de las finanzas públicas, ya que al quitar a Petróleos Mexicanos (Pemex) la exclusividad de la explotación de hidrocarburos, habrá un hoyo fiscal que puede llegar hasta 800 mil millones de pesos anuales, advirtió el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Manuel Bartlett.

En entrevista, el senador expuso que la advertencia no fue escuchada por los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde (PVEM), ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados.

Explicó que ni en la contrarreforma constitucional que se aprobó en diciembre del año pasado –que permite la entrada de trasnacionales con las que se compartirá la renta petrolera– ni en la legislación reglamentaria –que está por votarse en el pleno de la Cámara de Diputados– hay algún planteamiento sobre el impacto fiscal que tendrá.

Hizo notar que durante la discusión y aprobación de las leyes secundarias en el Senado, el PRI y sus aliados se dedicaron a mentir y a tratar de disfrazar el verdadero contenido de aquéllas, que no fortalecen a Pemex ni a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como aseguran en los promocionales y la propaganda que disfrazaron de discurso.

En realidad, insistió Bartlett, todas las disposiciones van encaminadas a liquidar a Pemex, al que se incrementa la carga fiscal para que siga aportando 4.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la Secretaría de Hacienda, mientras a las empresas extranjeras se les cobrará una cantidad inferior como impuestos.

Detalló que las petroleras que celebrarán contratos con el Estado disfrutarán de un régimen fiscal diferenciado y de privilegio, pues mientras Pemex tendrá una carga fiscal de 71 por ciento sobre sus ingresos totales, a lo que se sumará un dividendo anual de 30 por ciento, la carga impositiva de las corporaciones privadas oscilará entre 17 y 30 por ciento de sus ingresos.

Expuso que un análisis de las leyes fiscales en materia petrolera, que aprobó ayer en comisiones la Cámara de Diputados, da cuenta del desfalco paulatino que sobrevendrá.

Explicó que si la producción de petróleo aumentara a 3 y medio millones de barriles diarios, como se pretende, y fuera realizada únicamente por Pemex, implicaría –a los precios de hoy– ingresos de un billón 750 mil millones de pesos para la aún paraestatal, y para el Estado de un billón 200 mil millones de pesos.

Este cálculo se basa en el hecho de que en los años recientes, un promedio de 68 por ciento de los ingresos de Pemex por venta de crudo van al Estado por la vía de derechos.

Si Pemex mantuviera la extracción de 2 y medio millones de barriles diarios y las petroleras extranjeras produjeran un millón de barriles adicionales, el Estado mexicano recibiría un aproximado de 860 mil millones provenientes de Pemex y 150 mil millones por concepto de impuestos de los privados.

En total, sería un billón de pesos de ingresos para el Estado, es decir, 200 mil millones menos, equivalentes al hoyo fiscal por compartir la renta petrolera con las trasnacionales. Estos datos corresponden al escenario en que Pemex tendría 70 por ciento de la producción y las empresas privadas, 30 por ciento.

Si los porcentajes se invirtieran y las trasnacionales participaran con 70 por ciento de la producción, el déficit fiscal sería de 550 mil millones de pesos. Si Pemex ya no participa y las petroleras extranjeras llevaran a cabo al 100 por ciento la producción de hidrocarburos, como se deja ver a mediano plazo en las leyes secundarias, el boquete en las finanzas públicas llegará a 846 mil millones de pesos.

Bartlett recalcó que, al final, el pueblo de México tendrá que pagar los recursos faltantes, porque el gobierno federal, vía la Secretaría de Hacienda, tendrá que encontrar de dónde sacarlos, pues el riesgo será la quiebra total del presupuesto nacional. La solución será seguramente más impuestos a la población y recortes en el rubro social.