Tlapa de Comonfort, Gro., 26 de julio.

En el contexto del vigésimo aniversario de la creación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con el lema La Montaña, destellos de justicia y esperanza, poco más de cuatro mil indígenas ñu savi (mixtecos), me’phaa (tlapanecos), nahuas y mestizos marcharon en esta ciudad y exigieron al gobierno estatal la liberación de indígenas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno estatal.

La marcha partió del seminario católico Tonantzin Guadalupe, ubicado en Tlaquilzinapa, a la salida de Tlapa, al término del acto conmemorativo. Las bandas de instrumentos de viento pusieron el marco musical a la movilización.

Cuando los pueblos indígenas realizan una movilización es clásico escuchar corridos como Gabino Barrera, Valente Quintero y Felipe Ángeles, que para ellos representan hombres valientes. Estas composiciones fueron entonadas durante el recorrido de más de tres horas para llegar al zócalo de Tlapa.

Es la primera vez en sus 20 años, que Tlachinollan encabeza una marcha de protesta, porque su trabajo ha sido de asesoría a pueblos indígenas, sobre todo en defensa de sus derechos.

Durante el trayecto, mujeres, niños y ancianos corearon consignas en demanda de la libertad de Nestora Salgado García, comandante de la CRAC-PC en el municipio de Olinalá, presa en el penal de Nayarit: ¡Libertad, libertad a los presos indígenas, libertad!

En el mitin hicieron uso de la palabra familiares de Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina –miembros de la CRAC-PC que están presos–, así como de Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota(Cecop).

Por su parte, Abel Barrera Hernández, coordinador de Tlachinollan, denunció que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ya se echó para atrás en el compromiso de liberar a los presos políticos.

Al realizar un balance de la actividad de Tlachinollan, señaló que el actual gobierno ha polarizado la vida de los pueblos indígenas, primero porque las instituciones se han alejado más de las comunidades, se han creado aparatos burocráticos para mediatizar a los pueblos indígenas.

Advirtió que ha crecido la criminalización contra los pueblos indígenas y ha aumentado la amenaza hacia sus territorios. Hay intentos de despojo por medio de las concesiones mineras y mediante la construcción de la presa hidroeléctrica. Se está crispando la situación en la vida de las comunidades por el abuso, el saqueo y la complacencia de las autoridades con la delincuencia organizada.

Barrera Hernández descartó un estallido social en la Montaña: Más bien habrá mayor movilización de los pueblos indígenas. Van a crecer las protestas, las marchas y las exigencias de justicia, por la situación de desatención y engaño.

No hemos visto que se haya concluido una obra en los últimos diez meses para los damnificados; ahí se muestra la inequidad y la desatención del gobierno a los pueblos indígenas de la Montaña, no ha habido lo mínimo, y lo peor es que ya les dieron otro estatus más infrahumano: el de damnificados, señaló.