Buenos Aires, 27 de julio.

Argentina comenzó hoy a andar el último tramo de un camino decisivo para su situación económica y política, porque el próximo miércoles vence el plazo fijado para pagar una deuda con acreedores internacionales, mientras el país afronta un complejo litigio judicial en Estados Unidos.

Si ese día no se concreta el pago de 539 millones de dólares que el gobierno argentino ya depositó a fines de junio pasado en un banco de Nueva York, pero que frenó el juez estadunidense Thomas Griesa, el país ingresará en una nueva cesación de pagos como ocurrió en 2001.

Frente a ese escenario, la presidenta Cristina Fernández estudia diferentes estrategias para enfrentar el default, entre ellas la aplicación de medidas que alienten el consumo interno, sostengan los programas de créditos para la compra de viviendas y automóviles, pongan un freno al despido de trabajadores y garanticen el financiamiento para las pequeñas empresas, indicó el diario La Nación.

El default no va a tener consecuencias trágicas para el país porque no estamos en 2001, y el mercado interno va a seguir más o menos como en la actualidad, declaró el diputado nacional oficialista Héctor Recalde.

En el Ministerio de Economía “creen que ‘el impacto sobre la economía no será de la magnitud del default de 2001”’.

El matutino Página/12 consideró que la situación económica derivada de un posible default no será nada agradable, pero tampoco el abismo que vaticinan quienes precisan de él para imponer nuevas condiciones al país y a sus habitantes.

En desacuerdo con esa opinión se mostró el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, quien consideró que la situación económica es gravísima, angustiante y preocupante.