Chilpancingo, Gro., 27 de junio.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero las violaciones graves a los derechos humanos continúan, y se han agudizado desde la llegada del presidente Enrique Peña Nieto. Las defensoras y defensores en Guerrero están en la línea de fuego.

El sábado por la noche, en el auditorio de Tlapa de Comonfort, se presentó Destellos de justicia y esperanza, el 20 informe anual de actividades junio 2013/mayo 2014 en el que se retomó el trabajo desarrollado por Tlachinollan en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afromestizos y mestizos.

El informe destacó que la criminalización, detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, torturas, tratos crueles e inhumanos, desapariciones, homicidios y desplazamientos forzados, son los actos cometidos contra los sectores que se organizan y exigen respeto a sus derechos; deben sumarse los miles de homicidios que hacen a Guerrero uno de los tres estados más peligrosos del país.

En el documento se destacó que hay más personas encarceladas por participar en la Policía Comunitaria, o movimientos de resistencia frente a megapoyectos, que por los homicidios de activistas sociales; el mensaje es claro: en Guerrero participar en la Policía Comunitaria es más sancionado que el homicidio de un defensor de derechos humanos.

Tlachinollan destacó que entre 2011 y 2014 ocurrieron al menos 60 agresiones o ataques contra organizaciones sociales, estudiantes, defensores de derechos humanos, pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Detalló que en la Costa Chica-Montaña se documentaron 13 agresiones; en la Centro-Acapulco 16, incluida la criminalización, persecución y hostigamiento contra los opositores a la presa La Parota. En Coyuca de Benítez hubo siete, que incluyen los homicidios de líderes de organizaciones sociales como Fabiola Osorio y Raymundo Velázquez.

En Tecpan se contabilizaron tres, entre ellos la desaparición de los líderes ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista. En Atoyac de Álvarez también hubo tres casos, incluida la ejecución de la dirigente campesina Rocio Mesino. En Petatlán y Coyuca de Catalán, se contaron 12 ataques, incluidas las 9 ejecuciones de la familia Santana Villa, defensora de los bosques. En la región Norte fueron cuatro casos.

El centro recalcó que 44 por ciento de casos “son homicidios o ejecuciones de miembros de organizaciones sociales y sus familias; 25 por ciento son detenciones arbitrarias con fabricación de delitos, la mayoría en la Costa-Montaña.

Tlachinollan informó quede junio de 2013 a mayo de 2014, otorgó 801 asesorías, la mitad por conflictos individuales o colectivos; 143 quejas por violaciones a los derechos humanos; y 256 quejas ligadas a violaciones a los derechos de las mujeres; además asesorías a 200 comunidades ante la emergencia por los meteoros Manuel e Ingrid.