Sin necesidad de elementos policiacos, las autoridades delegacionales de Álvaro Obregón reiniciaron ayer las obras de instalación de la red hidráulica en la parte alta del pueblo de San Bartolo Ameyalco, acciones que tuvieron que suspenderse en mayo pasado al toparse con la oposición de vecinos, quienes incluso se confrontaron con granaderos.

Desde temprana hora comenzó a llegar maquinaria –excavadoras y zanjadoras– y personal con palas, picos, marros, barretas y señalamientos a calles como Muites, Madero, cerrada de Margot, Iztlahuaca, Torres de Tepito y Minas, algunas de las cuales fueron escenario de una refriega el 21 de mayo, que dejó cerca de un centenar de lesionados, entre policías y vecinos, y la destrucción de vehículos particulares y patrullas.

Ayer las cosas fueron diferentes. La gente caminaba mientras los trabajadores de la delegación, ataviados con chalecos anaranjados con amarillo, comenzaron a abrir zanjas por donde correrán más de 3 mil metros lineales de tubería.

Cerca de las 10 de la mañana comenzaron a trabajar las máquinas, marros y picos sin que se registrara ninguna oposición ni concentración de vecinos, por lo que las obras continuaron durante buena parte de la mañana y tarde.

De acuerdo con el titular de esa demarcación, Leonel Luna, antes de arribar se tomaron en cuenta todos los protocolos y acciones que recomendó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para evitar cualquier confrontación con los pobladores.

En entrevista, dijo que los trabajos se prolongarán por dos meses, ya que en ese tiempo se logrará que más de 2 mil familias que viven en la parte alta de San Bartolo puedan recibir agua potable en sus domicilios. Remarcó que nunca hubo la intención de desviar el agua del manantial hacia otros puntos.

Por otra parte, familiares de las cinco personas consignadas al Reclusorio Oriente y que fueron detenidas luego del enfrentamiento del 21 de mayo en este poblado, han recabado más de 10 mil firmas para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se desista de la acción penal en su contra.

En la petición dirigida al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, al titular de la procuraduría capitalina, Rodolfo Ríos, y al secretario de Gobierno, Héctor Serrano, se asegura que el debido proceso al que tienen derecho los acusados no está garantizado y que el día de su aprehensión únicamente se encontraban ejerciendo sus derechos.