ólo falta el toque final –la aprobación en el pleno de San Lázaro–, pero lo que original y propagandísticamente se prometió como una reforma energética que modernizará al sector y beneficiará los bolsillos de las familias mexicanas, en los hechos terminó en descarada rapiña en contra de la nación.

Así, Ejecutivo y Legislativo despojaron a todos los supuestos favorecidos por las modificaciones constitucionales y en las leyes secundarias: trabajadores, campesinos, empresarios mexicanos, estados de la República. En cambio, los verdaderos beneficiarios sólo esperan el semáforo en verde para clavar colmillos e iniciar hostilidades en contra de la nación.

Cuando el inquilino de Los Pinos presentó en sociedad (12 de agosto de 2013) su reforma energética abrió discurso con lo siguiente: “México se encuentra ante una oportunidad histórica; el país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos… las familias mexicanas podrán sentir en sus bolsillos los beneficios de que nuestra economía vuelva a crecer a mayores niveles como no ha ocurrido en las últimas décadas. Si aprovechamos esta gran oportunidad se habrán de crear cientos de miles de nuevos empleos. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas” (ilusión esta última desvanecida por los propios legisladores).

Y en el exceso comparó su reforma con la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas (imaginen al general despojando a campesinos y trabajadores), y 75 años después el país exige la misma decisión y determinación de aquel entonces. Por eso, el espíritu de esta reforma recupera lo mejor de nuestro pasado para conquistar el futuro. De allí en adelante, de la mano Ejecutivo y Legislativo armaron y aprobaron el despojo.

Así, los campesinos pierden sus tierras (ocupación temporal la han denominado, que se practicará de acuerdo con las necesidades de las trasnacionales; súmese el daño ecológico que correrá a cargo de la nación); los trabajadores quedan totalmente fuera de la distribución, así sea mínima, de las ganancias obtenidas por las empresas privadas que claven sus colmillos en el oro negro otrora nacional (quedan fuera del reparto de utilidades; ver el México SA del 5 de mayo de 2014); si bien les va, los empresarios mexicanos (los de verdad, no los barones) sólo tendrán acceso a una cuarta parte, y hasta el año 2025, en asignaciones, contratos y adquisiciones, “siempre y cuando ofrezcan condiciones similares –a las trasnacionales– en precio, calidad y entrega oportuna”.

Asimismo, las de por sí famélicas finanzas estatales y municipales se verán aún más debilitadas, pues el Congreso decidió recortar las participaciones por ingresos petroleros para las entidadesde la República en alrededor de 24 mil millones de pesos anuales, dadas las modificaciones en la Ley de Coordinación Fiscal. El gobierno federal quiere utilizar los recursos que les correspondían a las entidades como un colchón, si las estimaciones de los contratos con las empresas privadas no les cuadran. ¡Eso es una infamia! Si quiere cubrirse las espaldas cuatro años, que no lo haga con los recursos de los estados, denunció el diputado Carol Antonio Altamirano, integrante de la Comisión de Hacienda (La Jornada, Enrique Méndez).

Añádase que los voluminosos pasivos laborales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad pasan a engrosar la de por sí voluminosa deuda pública, que cargan todos los mexicanos, y por mucho que los legisladores prometan que sólo una parte de ellos se trasladará a dicho débito, la experiencia en la materia nos adelanta que el ciento por ciento terminará a cargo de los contribuyentes.

La intención, pues, es rasurar las finanzas estatales y municipales, y a los bolsillos de los mexicanos que supuestamente se beneficiarían con las modificaciones constitucionales. En cambio, al capital privado que celebre contratos petroleros con el gobierno, el Ejecutivo y el Congreso le ha legalizado un régimen fiscal diferenciado y de privilegio, que en el mejor de los casos, y sólo en él, dejará migajas al erario.

Como lo documentó el senador Manuel Bartlett, si las trasnacionales participaran con 70 por ciento de la producción, el déficit fiscal sería de 550 mil millones de pesos. Si Pemex ya no participa y las petroleras extranjeras llevaran a cabo el 100 por ciento la producción de hidrocarburos, como se deja ver a mediano plazo en las leyes secundarias, el boquete en las finanzas públicas llegará a 846 mil millones de pesos. Al final, el pueblo de México tendrá que pagar los recursos faltantes, porque el gobierno federal, vía la Secretaría de Hacienda, tendrá que encontrar de dónde sacarlos, pues el riesgo será la quiebra total del presupuesto nacional. La solución será seguramente más impuestos a la población y recortes en el rubro social (La Jornada, Andrea Becerril).

En fin, compárese lo aprobado con la oferta original del actual inquilino de Los Pinos: “la reforma energética tiene por objetivo beneficiar la economía de las familias mexicanas, generar más empleos y fortalecer la soberanía nacional… Sus trabajadores pueden estar seguros de que sus derechos laborales serán cien por ciento respetados… Si llevamos a cabo esta reforma bajará el precio de la luz y del gas; igualmente el de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios… México se encuentra ante una oportunidad histórica de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos… El espíritu de esta reforma recupera el pasado para conquistar el futuro”.

Las rebanadas del pastel

He allí la congruencia y consistencia con las ideas fundamentales del presidente Lázaro Cárdenas que intentó reivindicar Peña Nieto, por mucho que la Esfinge de Jiquilpan advirtiera que “fomentar la riqueza para aumentar las utilidades de los inversionistas; emplear los fondos y la autoridad pública en rodear de todo género de facilidades y garantías a los privilegiados para que éstos retiraran un mayor lucro sin otro fin que disfrutarlo en beneficio propio; dictar leyes protectoras de esta política grata a los que ven en la riqueza un objetivo final sin preocuparse de quienes la disfruten, constituyó el ideal político de los gobernantes del país durante un largo periodo de nuestra historia y fue la causa del desencadenamiento en su contra de las incontrastables energías populares y del triunfo de la Revolución…”

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