El Movimiento Constitucionalista Mexicano demandó ayer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que cumplan con su obligación de promover los derechos humanos y anulen la reforma energética, la cual entregará los recursos naturales a empresas extranjeras, cerrando así la posibilidad de que más de 70 millones de mexicanos que viven en la pobreza mejoren su nivel de vida.

Entrevistado luego de entregar la demanda a la oficialía de partes del máximo tribunal, Román Díaz Vázquez, quien encabeza el Movimiento Constitucionalista Mexicano, hizo también un llamado a los integrantes del máximo tribunal, para que ejerzan su facultad de atracción y conozca los amparos (uno que ya fue admitido a trámite y otros que están en trámite ante juzgados federales) en contra de dicha reforma.

Díaz Vázquez señaló que los ministros, al igual que los diputados y autoridades federales y estatales, tienen la encomienda de hacer valer la reforma al artículo primero constitucional que puso como centro de atención el respeto a los derechos humanos, lo que implica también cuestiones como la defensa a la propiedad y al medio ambiente.

Derechos que serán vulnerados con la reforma energética, dijo, la cual entregará los recursos naturales a las trasnacionales en detrimento de los millones de mexicanos pobres, a quienes les será coartado su derecho a tener una mejor calidad de vida, porque los recursos naturales ya no serán usados con un fin social por parte del Estado, sino que tendrán un fin meramente económico que beneficiará primordialmente al capital extranjero.

Agregó que los ministros deben escuchar a quienes demandan la inconstitucionalidad de la reforma energética, así como abrir foros de consulta en los que la sociedad exprese sus puntos de vista.

En la demanda contra los integrantes del pleno, el movimiento advirtió que, en caso de hacer caso omiso a la petición de los quejosos de intervenir para echar atrás la reforma energética, los ministros podrían ser demandados por daños y perjuicios en agravio de millones de mexicanos condenados a seguir en la pobreza por la entrega irracional de los recursos naturales a compañías trasnacionales.