l igual que los senadores en su momento, los inquilinos de San Lázaro apenas consumen unos cuantos minutos para aprobar todo lo relativo al negocio del siglo, sin considerar qué se llevan entre las patas. Es entendible la prisa que han mostrado los legisladores en ambas cámaras, porque tiempo es oro y la proporción del bono a repartir se mide con el cronómetro en la mano para saber cuánto tardaron en legalizar el nuevo atraco.

Son numerosas las puertas abiertas por esta reforma que nada privatiza, según la propagandística cantaleta oficial. No es el inventario completo, pero sirva lo siguiente para registrar el alcance de todo esto: “el pleno –de la Cámara de Diputados– aprobó el dictamen de la Comisión de Energía que permite el ingreso de empresas nacionales y trasnacionales a la exploración y extracción de hidrocarburos; refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento de petróleo; almacenamiento, distribución, comercialización y venta al público de gas natural y petrolíferos, así como transporte por ducto y almacenamiento de petroquímicos.

También define los distintos mecanismos de participación privada, a través de asignaciones, contratos para exploración y extracción, y autorizaciones, y establece que la Secretaría de Hacienda definirá el tipo de contratos a otorgar, en qué área, así como el monto a pagar de regalías por parte de las empresas (La Jornada, Enrique Méndez y José Antonio Román).

Lo mismo sucede en el sector eléctrico, aunque en este caso el negocio ya registraba un avance sustancial gracias a otra reforma progresista (el saqueo ha sido progresivo), la de Carlos Salinas de Gortari en 1992 cuando abrió la puerta al capital privado para que ayudara a la CFE a generar electricidad, de la cual, a estas aturas, las empresas trasnacionales son responsables de más de 40 por ciento. Y en materia de energía eólica, pues siempre ha pertenecido al sector privado, toda vez que la Constitución nunca la consideró como parte de las actividades estratégicas.

El tamaño del negocio, pues, amerita la sorprendente celeridad con la que actúan los representantes populares (los sastres de Reforma y San Lázaro) en eso de aprobar leyes a modo. De cualquier suerte no hay que olvidar que sus patrones llevaban más de tres décadas en espera de la total modernidad energética mexicana que nada privatiza. Pero ahora, ¡a gozar!, que el jugoso negocio está por empezar.

Un elemento central en la propaganda privatizadora ha sido la improductividad de Pemex y CFE, y los retos no salvados de quienes dirigieron esas otrora paraestatales. Llama la atención esta cantaleta, porque Petróleos Mexicanos no sólo aporta 40 por ciento del presupuesto anual de la federación, sino que los funcionarios que la dirigieron están hoy, prácticamente todos, al servicio del gran capital para que éste le clave el diente, cómodamente y a fondo, al oro negro y a la electricidad.

A las trasnacionales se les puede acusar de lo que sea, menos de pendejas y tendrían que serlo a grado sumo si ya con el festín garantizado se dedicaran a contratar al mismo personal que, según dice la propaganda, no pudo salvar los retos al frente de las otrora paraestatales o de la Secretaría de Energía. Pero la realidad es otra: Luis Ramírez Corso, Jesús Reyes González, Juan José Suárez Coppel, los ex secretarios del ramo y tantos otros servidores públicos en realidad fungieron como la quinta columna del mismo gran capital al que ahora descaradamente sirven. Y se mantienen en la nómina.

Y como voz de ultratumba, con la intención de apestar la fiesta surge la terrorífica pero muy realista advertencia que el gobernador de California, Jerry Brown, hace al gobierno de Peña Nieto y al raudo Congreso mexicano, ambos organizadores del banquete: mano dura en la regulación de las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México, o se los van a comer vivos.

El gobernador Brown deberá sentarse cómodamente a ver cómo las trasnacionales se engullen a las instancias por él referidas, pero alguno de sus asesores debió indicarle que la idea de gobierno y Congreso mexicanos nunca fue controlar y/o regular al capital energético trasnacional, sino ponerse a su disposición, como lo han hecho.

Las rebanadas del pastel

Veloces como saetas en el sector energético, pero en otras partes cómodamente mantienen el reloj de la legalidad congelado, como en los temas laborales. Resulta que hoy se cumplen siete años del estallido de tres huelgas mineras (Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero), y la supuesta autoridad sectorial sólo voltea para el lado del patrón, en este caso el impresentable Germán Larrea (el de Pasta de Conchos). El sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia explica que los trabajadores han resistido estos largos años, a pie firme y con plena devoción sindical, esta situación que los dos gobiernos del PAN anteriores dejaron sin solución y que el actual gobierno no ha procedido a resolver dentro de la ley y con apego a la justicia, sino que las ha mantenido insolutas. Las autoridades deben ya actuar en este largo conflicto. Si el gobierno dice que en México no hay conflictos laborales serios, que ponga la vista en las huelgas de Cananea, Sombrerete y Taxco y se dará cuenta, si no lo ha hecho ya, de que esta situación viola el estado de derecho en las relaciones laborales en una industria vital para el desarrollo de la economía nacional. No se vale que en el extranjero sus representantes proclamen que tenemos un país de paz social y respeto a los derechos de sus trabajadores, y mantenga esta situación que ha afectado no solamente a los compañeros en huelga y a sus familias, sino a las poblaciones donde están asentados esos centros de trabajo. Tampoco se vale que las actuales autoridades digan que estas huelgas son de gobiernos anteriores y por ello no apliquen las medidas para su solución, que son tan simples como obligar al Grupo México a sentarse a negociar los términos de un arreglo. La empresa, con Larrea en el trono, ha establecido sistemas de verdadera esclavitud, especialmente en Cananea, donde ha atropellado la huelga legalmente existente, y la CFE, por presiones patronales, les ha cortado la luz a los trabajadores en huelga, ha cerrado el hospital de El Ronquillo y las escuelas, queriendo presionar sobre los trabajadores y sus familias para que desistan de su movimiento de huelga, lo cual es absolutamente inhumano y contrario a la ley.

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