La Procuraduría General de la República (PGR) y la defensa de Gastón Luis Azcárraga Andrade presentaron sendos recursos de apelación sobre al amparo que otorgó el juzgado séptimo de distrito en materia de amparo al ex accionista principal de Mexicana de Aviación, por considerar que su resolución no se apegó a derecho.

Estos recursos no significan que el delito imputado a Azcárraga Andrade deje de ser vigente, por lo que se mantiene la orden de captura librada en su contra por lavado de dinero.

El pasado 15 de julio, el juzgado séptimo de distrito en materia de amparo, con sede en la ciudad de México, concedió un amparo para efectos a Gastón Luis Azcárraga Andrade, a fin de que el 14 dejara insubsistente la orden de aprehensión girada contra el quejoso por su presunta responsabilidad en la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dictada el 15 de febrero de 2014.

Pero el juzgado de amparo instruyó a “que en plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución con estricto apego a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Es decir, que el nuevo fallo garantice la exacta aplicación de la ley, la legalidad, la defensa y la seguridad jurídica, y determinó que la acusación por lavado de dinero no ha prescrito, como argumentaba la defensa del empresario, quien se encuentra en Estados Unidos bajo la jurisdicción de un juez migratorio ante el que pidió asilo político, y no se ha desahogado el proceso para ello.

El juzgado de amparo señaló que la nueva resolución podrá ser en el mismo sentido, o bien, en sentido diverso si así procediere. Hasta el momento las cosas están como el 15 de febrero, cuando se libró la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga.

El mandamiento judicial fue obtenido por la PGR tres años después de que se presentó ante el Ministerio Público Federal la primera denuncia contra Azcárraga.

La acusación se basa en que en agosto de 2010 el empresario se deshizo de las acciones de Compañía Mexicana de Aviación (CMA) y 16 firmas que la integran, en una operación que fue notificada fuera de tiempo a la Comisión Federal de Competencia y a la Bolsa Mexicana de Valores.

La investigación de la PGR considera que Azcárraga Andrade realizó operaciones con recursos obtenidos de manera ilícita por la venta de activos y acciones de Mexicana de Aviación, sin haber dado cumplimiento a diversas leyes en materia financiera.