oma forma la propuesta que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera, presentará a la consideración de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Asamblea Legislativa y la Cámara de Diputados, es decir, la relativa al urgente cuan sustancial aumento al salario mínimo, algo que para los genios del GDF no sólo es necesario sino perfectamente factible.

De entrada, estiman, el incremento sería de los 67 pesos actuales, en números cerrados, a 87 pesos por jornada laboral de ocho horas (un aumento de 30 por ciento), y de allí elevarlo paulatinamente a un piso no menor de 171 pesos (aunque no le pusieron fecha en el calendario), pues así se podría alcanzar un salario mínimo adecuado y coincidente con el ingreso planteado por el Coneval para la adquisición de la canasta alimentaria básica. Punto fundamental en todo esto debe ser la desvinculación del mini ingreso al cobro de multas y conexos.

Esa es la ecuación fundamental que plantea el equipo de Mancera para convencer en el tema referido, aunque él mismo advierte que se tienen que establecer los plazos, porque el salario mínimo no se puede subir por decreto ni de un día para otro, por mucho que en los hechos el gobierno federal, los patrones y los autodenominados líderes obreros (vía el tripartito Consejo de Representantes de la Conasami) lo hagan permanentemente (cada diciembre y desde hace ya muchos años), aunque en proporciones verdaderamente raquíticas y totalmente contrarias no sólo al interés de los trabajadores, sino a la norma constitucional.

De acuerdo con la información publicada por La Jornada, la referida desvinculación y “un incremento de entre 87 y 100 pesos al minisalario serían los principales pasos a dar para iniciar con el proceso de recuperación económica de los trabajadores, señalaron los integrantes del Gabinete Económico del Distrito Federal, los secretarios de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski; del Trabajo, Patricia Mercado, y de Finanzas, Edgar Amador.

Sería perfectamente factible, pues se trata de una política de recuperación del salario mínimo con incrementos paulatinos en un lapso de diez años, y una vez alcanzada la meta se revisarán de nueva cuenta los escenarios económicos, detalló el secretario capitalino de Finanzas, Edgar Amador, de tal suerte que –si la propuesta de Mancera es aceptada– allá por el año 2024 o 2025 se podría revisar cómo funcionó y de qué manera mejorarla, si fuera el caso.

Bien. Sin lugar a dudas es mejor contar con un salario mínimo diario de 87 pesos que otro de 67, y de 171 de aquí a una década, siempre y cuando no se altere el segundo componente de la ecuación. El problema es que los 171 pesos que como promedio estima el Coneval para la adquisición de la canasta alimentaria básica son de hoy, no de 2024 o 2025.

Para que el aumento a 171 pesos (de aquí a diez años) fuera efectivo en 2024 (es decir, que el poder adquisitivo real del salario se fuera robusteciendo paulatinamente en el periodo) el precio de la canasta considerada por el Coneval no debería registrar alteración alguna. Ni un centavo, de tal suerte que precios y salarios se empaten a lo largo de esa década.

De nada sirve que el salario mínimo alcance los 171 pesos en el año 2024 o 2025, si para ese entonces el precio de la canasta alimentaria básica es de 300 pesos o más. El punto de equilibrio no es el incremento nominal al salario, sino el aumento del poder adquisitivo real, y éste difícilmente se logrará si los precios se mantienen por arriba del ingreso.

Es de suponer la despectiva respuesta que tendrá del sector patronal, pero tal vez le ayude que el próximo año se registrarán elecciones intermedias y esta propuesta puede ser más que atractiva para no pocos de quienes pretenden llevarse el hueso. Sin embargo, el asunto del mini ingreso trasciende por mucho las urgencias electoreras de todos los partidos, por tratarse de un delicado tema de reivindicación social y de reactivación económica, que tanto le urge a los mexicanos y al país.

En este contexto vale referir el estudio que sobre el particular ha hecho el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM (organismo que obligadamente debe ser convocado a participar en el foro temático que ha organizado el GDF para el 5 y 6 de agosto), en el que se subraya que si se mantiene la política salarial de los últimos 32 años (y todo indica que así será), con un incremento anual tope de 4 por ciento “se necesitarían 47 años para que un trabajador de salario mínimo pudiera comprar una Canasta Alimentaria Recomendable –CAR– completa, suponiendo que los precios de los alimentos no aumentarían absolutamente nada en el mismo periodo”.

El CAM subraya que a lo largo de los seis gobiernos neoliberales (de MMH a EPN) el nivel de vida de los trabajadores mexicanos ha registrado una caída libre, y ello se observa en dos niveles: el primero, que tiene que ver con el poder adquisitivo: observamos que en 1987 el salario mínimo diario era de 6.47 pesos, 27 años después, en 2014, es de 67.29 pesos (zona geográfica A). En ese periodo el salario registró un crecimiento nominal de 940.03 por ciento (60.82 pesos).

El segundo es el relativo al nivel de consumo de los trabajadores: aunque hoy un trabajador reciba más dinero en efectivo, cada vez compra menos, por la política impuesta por el gobierno mexicano al contener y regular el salario con los famosos topes no mayores a 4 por ciento anual (promedio). El aparente incremento de año con año no corresponde con el aumento observado en los precios de los alimentos que una familia mexicana requiere para un desarrollo saludable, pues el crecimiento en los precios de la CAR resulta superior al aumento anual al salario mínimo.

En este contexto, en 1987 el precio por día de la CAR fue de 3.95 pesos; al 12 de abril de 2014 esa misma canasta registró un precio promedio de 184.96 pesos. Así, mientras el salario mínimo se incrementó 940 por ciento en el periodo, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable lo hizo en 4 mil 582 por ciento.

Entonces, sí, el aumento podría ayudar, pero el problema va mucho más allá del contenido nominal del salario.

Las rebanadas del pastel

Es una vergüenza: los buitres, que son los tenedores de los bonos no estos en sí, más sus abogánsters y los gobiernos que los amparan, vuelven a pegarle a Argentina, nación que está a un tris de la moratoria. Al saqueo protagonizado por tiranos y bandidos internos, súmese el de los carroñeros externos. No tienen llenadera.

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