La mayoría de PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados decidió ayer reducir las cargas tributarias de Petróleos Mexicanos (Pemex) y aumentar el umbral de sus deducciones, para dejarle ingresos adicionales que se destinen a inversiones, aunque los grupos parlamentarios opositores expresaron que aun así la empresa participará en desigualdad con los inversionistas privados.

En el conjunto de reservas presentado ayer por esas cuatro bancadas al dictamen de la ley de ingresos sobre hidrocarburos, se acordó que tanto la petrolera como los contratistas privados sí hagan el pago de utilidades a sus trabajadores, aunque esta disposición contrasta con la disposición de la ley de Petróleos Mexicanos, votada el miércoles, que suprime ese derecho.

Como parte de los cambios al dictamen de la ley de ingresos sobre hidrocarburos y de coordinación fiscal, se confirmó la inclusión de un fondo compensatorio hasta por 11 mil 800 millones de pesos, para que los estados no vean disminuidas sus rentas por las nuevas fórmulas de distribución de los ingresos petroleros.

También se incluyó un candado para lo que la oposición ha denominado cláusula de impunidad para los funcionarios encargados de los contratos, a quienes se conceden seguros, fianzas o cauciones para asumir sus servicios de defensa.

Ese beneficio se suprimiría si se demuestra que los funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Energía o del fondo mexicano del petróleo incurrieron en actuación dolosa o de mala fe, y se les exigirá que devuelvan el monto de las fianzas que hayan utilizado.

El acuerdo entre los coordinadores de esas bancadas, incluido en la minuta enviada al Senado, redujo de 68 a 65 por ciento la tasa anual que pagará Pemex por el derecho de la utilidad compartida, e incrementó de 11.785 a 12.500 el umbral de las deducciones que pueda hacer respecto de los proyectos de los hidrocarburos distintos al gas natural no asociado, extraídos en tierra y en áreas marítimas.

No obstante, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) resaltó que prevalecen los beneficios para las grandes compañías petroleras. Mientras a Pemex y sus filiales se les cargan derechos de utilidad compartida, de extracción, de explotación, el ISR y otros derechos y aprovechamientos, a las contratistas se les da trato preferencial, ya que sólo se considera la cuota contractual para exploración y regalías de 14 dólares por barril de petróleo cuando éste tenga un valor de cien dólares.

En contraste, dijo, en países con esquemas similares como Venezuela, Bolivia y Ecuador las regalías son de entre 50 y 80 por ciento por barril, lo cual evidencia que la renta petrolera sí se transfiere a las empresas, y es un golpe muy serio a la soberanía nacional.

Ricardo Villarreal celebró que de tajo su partido logró en una misma reforma cambios profundos en materia energética, fiscal y de presupuesto, y se ufanó de que por primera vez se pensará en el futuro: no se gastará irresponsablemente toda la renta petrolera, como sucedió en el pasado.

Los excedentes petroleros, recordó Roberto López Suárez, se despilfarraron por el panismo foxista y calderonista. Hicieron muchos nuevos ricos, amplió.

Desde la tribuna y por separado, los diputados Ricardo Mejía Berdeja (MC) y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) denunciaron que los gobernadores del PRD, entre ellos Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco, y Gabino Cué, de Oaxaca, presionaron a los legisladores perredistas para que aprobaran el dictamen en lo general, para amarrar los fondos para los estados.

Denunciamos también la interferencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y su subsecretario (de Ingresos, Miguel) Messmacher, que extorsionaron y presionaron a los gobernadores, aun los de oposición, para que los legisladores de sus estados también sean parte del atraco, amenazándolos con retirar participaciones y castigarlos. Esto es inconcebible, no se puede soportar este acto de gangsterismo políticio del secretario de Hacienda, dijo Mejía Berdeja.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de MC, explicó que la reforma energética ha sido moldeada por las prioridades, apremios e intereses extranjeros, y para que Estados Unidos mantenga su hegemonía y competitividad económica en el próximo cuarto de siglo para la que requiere garantizar y asegurar un insumo fundamental, la energía.