Saltillo, Coah., 1º de agosto.

Más de la mitad de los migrantes que estaban en el salón levantó la mano cuando les preguntaron quiénes habían sido extorsionados por la policía en Guatemala, al iniciar el recorrido hacia Estados Unidos con escala en varias ciudades de México.

Ahora dígannos quién tuvo que pagar a Migración para poder pasar, pidió el moderador en La Casa del Migrante, de Saltillo, en un encuentro entre centroamericanos refugiados temporales y el procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León Duque.

Nadie se quedó con las manos abajo. Todos pagamos 50 quetzales a Migración, si no, no nos dejan pasar, aseguró el hondureño Pedro Corrales.

Pero si la suerte para los migrantes no es muy buena en su travesía por Centroamérica, una vez en territorio mexicano la cosa es peor.

Lo que sucede en Tapachula (Chiapas) es el horror. La policía y Migración nos obligan a darles dinero para que no nos deporten, las mujeres todavía tienen que pagar con su cuerpo, se las llevan al monte y sabrá Dios qué les hacen allá. Me tocó ver cómo agentes de la Policía Federal violaron a dos compañeras, y ahí las dejaron, en medio del monte, contó Corrales.

El procurador de Derechos Humanos de Guatemala no toma nota, sólo escucha, y asiente como si supiera a la perfección de lo que sus paisanos hablan.

¿Quién ha sido extorsionado en México?, preguntó el interlocutor. Todos, se oyó en coro, mientras los refugiados alzaron la mano.

Cuando uno se sube al tren, hasta los garroteros (controladores de vías) le exigen dinero; les damos 20, 30, 50 pesos, por eso antes de subirnos al tren vamos a las calles de la ciudad, donde llegamos para pedir dinero, lo entregamos a los garroteros y a los policías, si no, nos bajan del tren, contó un migrante salvadoreño.

En la extorsión también participa la Policía Federal. Nada más que el derecho de vía con ellos es más elevado. La Policía Federal no quiere menos de 200 pesos, denunció José Acosta, cubano naturalizado hondureño.

En el encuentro participaron el sacerdote Pedro Pantoja, fundador y asesor de La Casa del Migrante, y el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien pidió al procurador guatemalteco ser portavoz de los montones de abusos contra los centroamericanos, que son obligados a salir por las condiciones de pobreza y de inseguridad.

El prelado aseguró que la migración no se va a detener impidiendo a los viajeros subir a La Bestia, sino con políticas sociales y económicas con visión regional.