El dirigente de los trabajadores de juegos de azar en México y representante regional para América, Mario Madrigal Magaña, reveló que las reformas a la Ley de Juegos y Sorteos traerán una reorganización del sector e impedirán que, como ocurre ahora, los concesionarios renten sus licencias y permitirán que se mejoren los salarios de sus trabajadores, pues algunos sólo ganan 50 pesos al día.

El líder de Uni América sostuvo que “buscamos que el juego tenga un marco seguro, apegado a legalidad; que tengamos empleos dignos y empresas importantes desarrollándose en México.

“Como trabajadores de centros de apuestas podemos aportar nuestra experiencia a quienes desarrollan la legislación, para que se fortalezca el sector del juego.

“Buscamos que la gente que acude a estos centros se divierta en un marco de seguridad y, si entra en una casa que trabaja con apego a la ley, se divertirá más, pues sus apuestas estarán protegidas.

“Los empresarios tienen que aprender a promover el juego con responsabilidad. Como trabajadores tenemos que ser parte de este sector y, si es necesario cuidar a los adictos al juego, contemos con formas para guiarlos y que acudan centros de tratamiento, como ocurre en Argentina.

Salario, problema central

–¿Hay algunos centros que operan ­ilegalmente?

Hay 400 centros abiertos, y corresponde a la Secretaría de Gobernación determinar cuántos estarían operando de manera ilegal. Las autoridades se han comprometido a revisar los permisos que se obtuvieron mediante litigios en administraciones pasadas por los problemas que se han generado. Eso servirá para que los empresarios sepan que la competencia debe regirse por la ley.

“Uno de los problemas del sector son las condiciones salariales de los trabajadores, porque mu­chas empresas contratan vía outsourcing, pagan mal a los empleados. Hay a quienes cobran 50 pesos diarios y viven de propinas.

“Los asalariados de las empresas legales tienen salarios por encima de la ley; más los 150 pesos diarios, más prestaciones. En México los centros de apuestas generan 30 mil empleos directos y 40 mil indirectos; con la reforma no importa que se amplíen los permisos, sino que la autoridad ordene los centros –como lo hacen– para que los empresarios inviertan realmente, ya que no es posible que haya personas o grupos empresariales que tengan 40 permisos y no tengan ninguna sala abierta. Ellos son quienes rentan sus concesiones y generan incertidumbre.”