En el presente año, el gobierno de México ha detenido a 4 mil 239 niños, niñas y adolescentes no acompañados, lo cual representa casi la mitad de todos los menores migrantes que fueron interceptados en 2013, situación que obliga a un diálogo regional urgente y una respuesta coordinada, basada en garantizar los derechos de estas personas y proteger de manera responsable su bienestar antes, durante y después del proceso migratorio, advierten la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés) y los comités del Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Puebla de la Asamblea Popular de Familias Migrantes.

Esta situación, agregan, se agrava en Estados Unidos donde un número sin precedentes de estas persons movilizándose sin tutor legal están siendo aprehendidos. Este país ha sido testigo de un incremento mayor a 90 por ciento respecto a los años previos, con más de 57 mil niños, niñas y adolescentes no acompañados siendo capturados desde octubre de 2013, subraya la IDC.

En tanto, comités de familias migrantes reiteraron el llamado a la sociedad a detener la crisis humana de niños y niñas migrantes no acompañados, tras manifestar su profundo desacuerdo con la política de deportaciones aplicada por los gobiernos de México y Estados Unidos ante el incremento de su arribo a territorio estadunidense. Desde hace 20 años, familias de migrantes denunciamos que las causas de la migración forzada, desarraigo, separación familiar y criminalización de migrantes no es reciente.

Unos 60 integrantes de la Asamblea Nacional de Familias Migrantes que integran los comités del Distrito federal, Guerrero, Migrantes de Retorno, Oaxaca y Puebla, expresan su preocupación por las políticas de los gobiernos mexicano y estadunidense en torno a la crisis humana de niños y niñas migrantes que ocurre en la región fronteriza, señalan que la migración forzada no es un hecho reciente y está estrechamente relacionada con el contexto de marginación del campo en sus comunidades de origen.

Lamentaron que los gobiernos de México y Estados Unidos, lejos de incorporar iniciativas de movilidad humana continúen criminalizando a quienes por ausencia de oportunidades optan por migrar. Sostienen que la crisis que enfrentan actualmente ambos países ante la salida, tránsito y arribo de niños y niñas migrantes, es consecuencia de una política intencionada de desmontar el campo y la producción primaria en las comunidades de origen e incentivar la integración de mercados regionales, cuyas consecuencias son migración, subempleo, tráfico de mercancías y personas.

Estados Unidos diseñó y motivó esta política, las autoridades de México y Centroamérica la ejecutan mansamente y hoy ninguno de estos gobiernos asume la responsabilidad de sus acciones y de las consecuencias que sufren las personas migrantes y sus familias, acusaron.