Representantes de organizaciones sociales de México expresaron este fin de semana su apoyo al gobierno de Argentina y su rechazo a la actitud usurera de los llamados fondos buitres, que han afectado seriamente la economía de esta nación sudamericana.

Bia’lii, Asesoría e Investigación; Jóvenes Frente al G-20; Foro Social México Global, y Grupo Tacuba, entre otros, fueron recibidos en la representación diplomática por la embajadora Patricia Vaca Narvaja, quien agradeció el respaldo y el acercamiento de estos grupos y expresó los puntos centrales de la defensa argentina.

Las organizaciones sociales se pronunciaron por que se tomen las medidas soberanas pertinentes para no seguir pagando una deuda que, además, afirman que el pueblo argentino no debe. Recordaron que en ese país las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales han pagado deudas siempre ilegítimas, las cuales, sostienen, han servido en gran proporción al enriquecimiento de militares, funcionarios y empresarios neoliberales, en complicidad con la banca internacional. Estos débitos se constituyen en un grillete para el pueblo argentino, añadieron.

En apoyo a las organizaciones sociales argentinas y sus demandas se han entregado en embajadas argentinas de varios países de la región el pronunciamiento No debemos, no pagamos: ¡sí a la vida!, ¡no más buitres, emitido por Jubileo Sur Américas, que agrupa movimientos, campañas y organizaciones populares en 20 países de América Latina y el Caribe.

Esta declaración resalta la repercusión de las políticas de la dictadura y los gobiernos neoliberales en la actualidad del endeudamiento, al señalar que “hasta ahora, los sucesivos gobiernos argentinos han intentado ‘ganar’ el partido de la deuda jugando con las mismas reglas que establecen sus pretendidos acreedores”.

A la fecha, señalan, Argentina ha pagado más de 400 mil millones de dólares desde el fin de la dictadura y más de 174 mil millones en la última década, por una deuda que en el mismo periodo ha pasado de 43 mil millones a más de 240 mil millones de dólares.

“El hecho de que la moratoria parcial de pagos, luego del colapso de 2001, permitió a la economía argentina iniciar un proceso de recuperación, señala a las claras que existen alternativas".

En especial, llaman a apoyar la demanda de suspensión de pagos y realización de una auditoría participativa e integral, reconociendo los ilícitos ya comprobados por la justicia argentina.

Apoyan el derecho del gobierno a no ceder ante los fondos especulativos, basándose en la primacía de los derechos humanos sobre cualquier contrato de deuda y las obligaciones en materia de derechos humanos tanto de los prestamistas, inversores e incluso especuladores como de todo gobierno prestatario.