La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tiene identificada ya a la mujer que presuntamente se hizo pasar por actuaria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y entregó la documentación apócrifa con la que siete internos de la Penitenciaria de Santa Martha Acatitla obtuvieron su libertad de manera ilegal.

Entrevistado luego de inaugurar el segundo curso de formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Doctor Héctor Fix Zamudio, deslindó al personal del tribunal de tener responsabilidad en esos hechos, tras señalar que hasta donde yo tengo entendido, hasta donde va la investigación de la procuraduría, no hay mayor responsabilidad de los empleados.

Sin embargo, el magistrado admitió que se debe definir cómo es que se obtuvo la papelería, la cual es auténtica, y quién fue el que redactó la información apócrifa en la misma.

Asimismo, reconoció que en la evasión de los siete internos no se siguió el protocolo establecido, pues una boleta de libertad es fácilmente falsificable, pero hay un mecanismo que se sigue para determinar que el documento no es falso.

Cuando llega la boleta al reclusorio, explicó, inmediatamente se comunican telefónicamente con una central que tenemos abierta las 24 horas del día, y nosotros tenemos comunicación 24 horas al día con todos los jueces penales. Con radios y teléfonos celulares que aporta el tribunal, y que los deben traer los jueces; entonces, ellos son los que confirman, por conducto de nuestra central, si la boleta de libertad fue girada o no.

Señaló que los cuatro jueces penales involucrados en el caso ya declararon ante las autoridades ministeriales y se determinó que las firmas que “parecen en los documentos no son auténticas, aunque reconoció que la papelería sí es del TSJDF.

Dijo que el caso está en la PGJDF, que continúa con la investigación, y recordó que cuatro de las personas que obtuvieron su libertad de manera ilegal con el uso de esos papeles ya fueron recapturadas.

Édgar Elías Azar manifestó que ya se trabaja en acciones para evitar que se repitan estos casos, como que cada vez que se ordene una libertad, el reclusorio deberá consultar vía Internet al tribunal o por teléfono para determinar si la orden es auténtica.

–Pero tuvo que haber alguna complicidad –se le cuestionó.

–Forzosamente, pero quien la va a descubrir va a ser, precisamente, la Procuraduría General de Justicia –dijo.