La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) local dé vista a su contraloría interna para que investigue si Alejandro Nyssen Ocaranza, director de Regulación Ambiental en la administración pasada, u otro funcionario incurrieron en responsabilidad administrativa al avalar la manifestación de impacto ambiental (MIA) con la que se otorgó la autorización condicionada para iniciar la construcción del proyecto Ciudad Progresiva, informó José Ramón Amieva Gálvez.

En entrevista, el titular de la citada instancia agregó que también pidió a la Sedema que realice una revisión pormenorizada de las condiciones que formaron la expedición de la MIA, es decir, si se ha cumplido con las obras de mitigación en materia de agua y vialidades, entre otras.

El funcionario confirmó que el pasado lunes se impugnó el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) que ordena la detención de dicha obra, y que por órdenes el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se investigarán presuntas responsabilidades administrativas de funcionarios públicos y se analizará si la obra ha cumplido con lo que establece la MIA.

El primero de junio de 2012, el comité ciudadano de la colonia Xoco, donde se lleva a cabo la obra, denunció ante la Contraloría General del Distrito Federal a Nyssen Ocaranza por violaciones al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, misma que la dependencia turnó a la contraloría de la delegación Benito Juárez, que un año después determinó improcedente por medio del oficio CB/CIBJ/UDQD/1245/2013.

Ninguna obra de mitigación

De hecho, señaló la defensa legal de los vecinos, Tonatiuh Moedano Santiago, el plazo para determinar responsabilidad contra el ex funcionario prescribió, ya que el artículo 78 de ley citada estipula que éste es de tres años a partir de cometida la irregularidad, lo cual ocurrió en agosto de 2009.

En cuanto al cumplimiento de la MIA, Oswaldo Mendoza Santana, representante de los colonos, recordó que no se cumplió con las obras que son condición antes de iniciar cualquier obra, como donar un predio para un pozo profundo y sustituir mil 600 metros de tubería de agua potable.

Prueba de ello, dijo, es que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-UDIF-1019341/2014 señaló que hasta abril pasado no había recibido los proyectos ejecutivos de las medidas de integración urbana requeridos para Ciudad Progresiva.

Sobre el primer punto, Amieva Gálvez señaló que se están aportando nuevos elementos contenidos en el mismo juicio de nulidad promovido por los vecinos, con lo que se puede generar una nueva situación de determinación de responsabilidades no sólo de Nyssen Ocaranza, sino de todos los funcionarios públicos que conocieron en su momento del asunto.

Por otro lado, agregó, será la Secretaría de Medio Ambiente la que verificará si se ha cumplido con la medidas de mitigación contempladas en la MIA, y según las resultados de dicho análisis se determinarán las acciones a seguir.