Empresarios de bares y restaurantes y funcionarios de la delegación Cuajimalpa se enfrascaron en dimes y diretes cuando los primeros ofrecían una conferencia de prensa para denunciar al titular de la demarcación, Adrián Rubalcava, de quererlos extorsionar para poder abrir un antro en la Plaza Comercial Lilas.

Ismael Rivera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice); Francisco Chavez, dueño del establecimiento, y abogados de la agrupación aseguraron que después de una reunión con el delegado para exponer el asunto de la apertura, el despacho González y Asociados, con pleno conocimiento de dicho encuentro, les ofreció conseguir la licencia de operación en ocho días a cambio de un millón 800 mil pesos.

Ante la negativa, agregaron, la delegación inició una ofensiva en su contra y con distintas inconsistencias ha colocado sellos de clausura en dos ocasiones en dicho establecimiento.

Lo anterior fue refutado por los directores de Jurídico, Mariano Granados, y de Gobierno, Hugo Méndez, quienes junto con otros funcionarios irrumpieron en el salón de un hotel cuando los empresarios presentaban el audio de la reunión con el delegado, una conversación de whatsapp y copias de los permisos para abrir una discoteca.

Por qué la falta de educación. Esta es la gente que está gobernando, la que se impone y abusa de su autoridad, recriminó uno de los abogados.

Tenemos el derecho de réplica, argumentó Méndez, quien entregó un expediente del caso, con la versión oficial.

Pues renta tu salón y haz tu conferencia, ¿o me vas a pagar una parte?, reclamó Rivera, quien junto con sus acompañantes ignoraron las constantes interrupciones de los funcionarios, quienes se vieron obligados a dar declaraciones en el pasillo del hotel y después en la banqueta.

Méndez negó que tengan alguna relación con el despacho González y Asociados y aseguró que quien rechazó el permiso para la operación de la discoteca fue la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), ante la cual se hizo la solicitud, porque sólo cuentan con un uso de suelo para videobar.

En la actualidad tienen una orden para desalojar el local, aseguró, y advirtiío que la delegación no permitirá la apertura de la discoteca, porque el procedimiento no está apegado a derecho.

Los empresarios señalaron que desde finales del año pasado presentaron una denuncia de hechos contra Adrián Rubalcava y el subdirector Jurídico y de Gobierno, Miguel Ángel Salazar, por abuso de autoridad, negación del servicio y actos de corrupción, y adelantaron que el próximo viernes presentarán otro recurso por daño patrimonial.