El pasado 4 de agosto, personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) llegó a la sede de las radios comunitarias Zacatepec y Axocotzin Radio para quitarles sus equipos de transmisión, lo cual formaría parte de la campaña de hostigamiento contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), denunció Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

En ambos casos, señaló el activista, llegaron funcionarios para despojar mediante violencia y amenazas a las emisoras indígenas ubicadas en los estados de Morelos y Puebla, advirtiéndoles que si no les permitían la entrada iban a actuar penalmente en su contra y pedirían la intervención de la fuerza pública.

Nosotros lo entendemos como una situación de imposición, represión y persecución de la disidencia por parte del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que de abril a la fecha ha encarcelado a más de 50 defensores de derechos humanos e impulsa el desmantelamiento de las radios comunitarias, manifestó Lara.

El mandatario estatal, agregó, identifica estas emisoras como un espacio de disidencia, donde se exponen diversos argumentos en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), iniciativa que contempla la edificación de dos plantas termoeléctricas y un acueducto que podría afectar a unas 80 comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y que pasaría por zonas de riesgo sísmico.

Además, dijo, las estaciones comunitarias han servido como tribuna para denuncias irregularidades en los procesos penales que se sigue contra diversos luchadores sociales, entre ellos Juan Carlos Flores Solís, fundador de ambos proyectos de radio indígena y representante del FPDATMPT.

Lara destacó que aunque las comunidades donde se asientan las dos emisoras pretendieron defenderlas del decomiso, finalmente decidieron no intervenir por miedo a un acto de represión como el del pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, donde un menor perdió la vida y nueve personas más resultaron heridas de gravedad tras un operativo de la policía estatal.