Nuevo York, 8 de agosto.

El juez federal estadunidense Thomas Griesa, quien lleva el juicio que los inversionistas con bonos especulativos iniciaron contra Argentina, amenazó el viernes con declarar al país en desacato si no deja de hacer declaraciones falsas de que ya cumplió con sus obligaciones financieras.

En una audiencia en Nueva York, el juez dijo a los abogados del bufete Cleary Gottlieb, que representan a Argentina, que la nación ha hecho comunicaciones falsas y engañosas pese a que había ordenado suspenderlas.

Argentina, que cayó en 2002 en suspensión de pagos de 100 mil millones de dólares, asegura en un comunicado publicado en periódicos de Estados Unidos que ya pagó su deuda y no tiene ninguna obligación pendiente.

No hubo ningún pago, afirmó Griesa durante la audiencia de este viernes. Minutos después, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, en conferencia de prensa en Buenos Aires, criticó la audiencia al decir que el juez nuevamente no resolvió nada.

Argentina acusa a Griesa de favorecer a los fondos especulativos que la demandan, liderados por NML y Aurelius, y a los que Buenos Aires denomina fondos buitres, porque compraron bonos a precios de entre 20 y 30 por ciento de su valor y exigen el cien por ciento del pago, más intereses.

La nación sudamericana asegura que cumplió sus obligaciones al depositar 539 millones de dólares en las cuentas de su agente, el Bank of New York Mellon (Bony), para pagar los intereses de un bono emitido bajo leyes extranjeras en las reestructuraciones de 2005 y 2010 y a las que se apegaron 92.4 por ciento de sus acreedores.

Griesa ordenó bloquear esos recursos hasta que Argentina cumpla con su sentencia de pagarle a los fondos buitres unos mil 330 millones de dólares más intereses.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández ha dicho que no puede cumplir con el fallo de Griesa porque quedaría expuesta a demandas judiciales hasta por 400 mil millones de dólares de los acreedores que se sumaron a dos reestructuraciones de deuda.

El gobierno de Buenos Aires puso en marcha una serie de medidas para frenar el impacto que puede tener el default.

Desde este viernes comenzó a regir el Plan ProEmplear, que otorgará pagos extra de entre 117 y 156 dólares del Estado a trabajadores de cientos de empresas, como complemento de su sueldo y con el fin de mantener los puestos de trabajo.

El gobierno también aportará recursos por 252 millones de dólares para promover la incorporación de nuevos empleados en las empresas, los cuales serán incentivados a estudiar y a capacitarse para obtener esos puestos.