La relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, aseguró que en los pasados 15 años hubo un avance en la consolidación del derecho de acceso a la información, pero aún se enfrentan en América Latina y el Caribe desafíos considerables para garantizar el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental.

Se requiere, dijo, establecer marcos claros para el uso de datos personales, moderar las reservas de información considerada de seguridad nacional, que incluyen las averiguaciones previas contra la delincuencia organizada, así como garantizar que los estados cumplan con la obligación de elaborar contenidos en los que den a conocer sus actividades.

Al dictar una conferencia, como parte de los trabajos del coloquio Hacia el sistema nacional de transparencia –que se realizó en el auditorio Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– destacó que a estos temas se suma la falta de autonomía de los organismos encargados de hacer valer este derecho, pues en la mayoría de los países de la región no cuentan con total independencia.

Destacó que entre los principales retos jurídicos está la protección de datos, a fin de avanzar en establecer el límite de que es una información sensible o personal para su salvaguarda. Y subrayó que los datos sobre salud o la orientación sexual son claramente sensibles.

Enfatizó que en el caso de condonaciones fiscales debe prevalecer la transparencia de datos, pues la exención de impuestos tiene una afectación a la sociedad que deja de percibir esos recursos y se debe hacer público por qué se perdonó el pago a determinados contribuyentes. Todos tenemos derecho a saber si es justa o no una condonación, afirmó.

En el encuentro, convocado por el Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM, que reunió a académicos y especialistas en la materia, reconoció que a diferencia de la década de los 90 del siglo pasado, cuando se tenía instalada una cultura del secreto, se logró avanzar hasta lograr que el derecho a la información y la transparencia sea considerada una conquista fundamental para el ejercicio de otros derechos, como la participación política.

Conquista que, admitió, tuvo como principal motor a la sociedad organizada que pasó de pedir al Estado, casi como si fuera un favor, que le diera a conocer alguna información de lo que hacía, a cambiar la dinámica entre ciudadanía y gobernantes.

Actualmente, dijo, de 35 naciones latinoamericanas, 19 cuentan con leyes de acceso a la información, con mejores y peores aplicaciones, pero hay un marco normativo.

Consideró que ésta es la región del mundo con mayores avances en la materia en años recientes, pues también se cuenta con diversas sentencias en materia de transparencia, así como una ley modelo y una guía de implementación.

Botero, quien en breve concluirá su responsabilidad al frente de la relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH, destacó que se cuenta con ejes mínimos básicos como el principio de la máxima divulgación, donde la regla debe ser la transparencia, y sólo en casos claramente reglamentados y justificados se podrán aplicar excepciones como la reserva.

Otro principio central, indicó, es el de la máxima transparencia, en el que se establece que ante la demanda de información siempre se debe actuar de buena fe, es decir, sin exigir el acceso a los datos a condición de que se explique para qué se requieren, advirtió.