La recién aprobada legislación secundaria de la reforma energética establece un régimen ventajoso para las empresas extranjeras y nacionales que explotarán los hidrocarburos, pues sus obligaciones fiscales son menores que las que se aplican en el mercado mundial: pagarán un porcentaje cercano a 14 por ciento de regalías –exentas de IVA–, deducirán costos y, mediante la figura de licencias y contratos de producción compartida, podrán quedarse con la totalidad del crudo que extraigan.

En las 21 leyes que el presidente Enrique Peña Nieto promulgará este lunes, no se especificó el porcentaje de utilidades y, por ende, de la renta petrolera que podrán llevarse la empresas trasnacionales; tampoco se estableció el tiempo de duración de los contratos que se otorguen.

Durante la discusión de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en el Senado, la bancada del PRD propuso que en el caso de las licencias los contratos de producción compartida y los de utilidad compartida, que son similares a las concesiones, se estableciera que no podrán tener vigencia mayor a 20 años, pero esto fue rechazado por PRI, PAN y PVEM, por lo que la temporalidad quedó abierta.

También se rechazó establecer que que en ningún caso las contraprestaciones en favor del Estado podrán ser menores a 80 por ciento del valor contractual de los hidrocarburos, candado que perredistas y petistas propusieron con la finalidad de garantizar que las petroleras extranjeras no pudieran llevarse más de 20 por ciento de la riqueza producida por la explotación de petróleo y gas.

Objetivo no precisado

Incluso en esa ley, que en su artículo primero establece que su objetivo es “establecer el régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano derivados de la exploración y extracción de hidrocarburos, no se define qué es la renta petrolera. Los perredistas propusieron, sin éxito, que se incorporara una fracción novena al artículo tercero.

En cuanto al régimen fiscal e impositivo de las empresas privadas, deberán pagar una contraprestación, que determinará la Secretaría de Hacienda, además de pagos por exploración, muy bajos, de mil 150 pesos por kilómetro cuadrado durante los primeros 60 meses, y posteriormente de 2 mil 750 pesos.

Aunado a ello, los impuestos sobre la renta y por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, que es de 6 mil pesos por kilómetro cuadrado, están por abajo de la media internacional.

En cambio, Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá pagar 65 por ciento por utilidad compartida, derecho de extracción de hidrocarburos, derecho de exploración, ISR y un dividendo de 30 por ciento anual, según se establece en la Ley de Pemex.

Durante el debate de la semana pasada en el Senado, los perredistas Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Mario Delgado y Armando Ríos Piter, entre otros, advirtieron que se da el tiro de gracia a Pemex con esa carga fiscal, que es aún mayor de la que ya tiene, y en contraparte se dan todas las facilidades a las empresas extranjeras para apoderarse de la mayor parte de la renta petrolera.

Están obligadas a pagar cerca de 14 por ciento de regalías, menor al 20 por ciento que las trasnacionales pagan en Nigeria, y muy lejos del 50 por ciento en Canadá, pero además son deducibles.

Además podrán deducir lo correspondiente a la recuperación de costos, a lo que no se fijó tampoco límite, pese a que legisladores como Mario Delgado señalaron que un esquema similar llevó a países como Kazajistán o Ecuador a que las petroleras sólo pagaran 2 o 3 por ciento de las recursos que les correspondían, ya que las corporaciones incrementaban artificialmente los costos a deducir.

La legislación mexicana que este lunes será promulgada les permite deducir ciento por ciento del monto original de las inversiones para exploración, y 25 por ciento del monto original de las inversiones para desarrollo y extracción de yacimientos de petróleo y gas natural. Asimismo, 10 por ciento de las inversiones en oleoductos, gasoductos, terminales o tanques de almacenamiento.

También podrán deducir los costos y gastos efectivamente pagados, además de los derechos por utilidad compartida o los derechos de extracción de hidrocarburos. Aunado a ello, el gobierno mexicano les da facilidades para que puedan deducir impuestos en años posteriores al ejercicio fiscal, en caso de que no lo hubieran podido comprobar con oportunidad.

Al respecto, el senador Encinas dijo que ni siquiera compartirán riesgos con el Estado mexicano, ya que en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos se les permite recuperar los costos de exploración fallida y deducirlos hasta que obtengan una exploración exitosa. O sea, de que ganan, ganan las trasnacionales.

Padierna, a su vez, recalcó que a partir de 2018 una empresa privada se dedicará a comercializar los hidrocarburos, lo que abre la puerta a nuevos negocios privados que lucren con la renta petrolera.