El gobierno estadunidense, por conducto de la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), investiga a la empresa Sempra Energy Inc, y funcionarios de distrito del sur de California por corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero y crimen organizado.

Una fuente de la DHS informó a este diario que los temas de investigación tocan a varios funcionarios, entre ellos fiscales federales, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y personal de la propia DHS, inmiscuidos en una serie de delitos, en complicidad con Sempra.

Entre los ilícitos destaca la conducta sospechosa de la fiscal federal en San Diego, Laura Duffy, quien con sus resoluciones ha favorecido una red de intereses de personajes ligados a Sempra y al crimen organizado.

En 2011, Sempra Energy fue demandada por su ex contralor Rodolfo Michelon, por cometer violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, (FCPA). El diario The Washington Post refirió en marzo de 2011 que la FBI había descubierto amplios hechos e indicadores que reflejan que Sempra y sus ejecutivos podrían haber incurrido en actividades criminales. No obstante, meses después la misma FBI presentó un reporte elaborado por el bufete de abogados Jones Day, donde trabajaba Robert Brewer, contratado posteriormente por Sempra, y cuya conclusión fue la exoneración de la empresa, evadiendo así su responsabilidad penal por presuntos sobornos en México.

El informe referido fue aceptado por la fiscal Laura Duffy cerrando la investigación sobre los directivos de Sempra. Tal decisión fue validada por Charles LaBella, jefe adjunto de la división de fraude, quien también fue abogado de Sempra Energy, y Alan Bersin, subsecretario de Seguridad Nacional, y encargado de los asuntos de la frontera en México, quien ha mantenido negocios con Eugenio Elorduy Walter, en un proyecto llamado Silicon Border, en Mexicali, tal como publicó este diario el año pasado.

En otro caso, el 24 de octubre pasado fue detenido en la ciudad de México el presunto narcotraficante Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, quien emprendió negocios, con uno de los principales promotores de Sem­pra Energy, el mismo ex gobernador panista de Baja California Eugenio Elorduy Walter. Sin embargo, 13 días antes –11 de octubre–, la misma Laura Duffy autorizó sospechosamente un desistimiento que retiró los cargos al presunto narcotraficante, para evitar ser requerido por la justicia estadunidense, después de que el gobierno de ese país ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre su paradero.

El segundo desistimiento por la misma fiscal estadunidense se produjo a menos de 48 horas del arresto de Aguirre Galindo, bajo el argumento de que con el caso contra El Caballo tiene ya más de 15 años, por lo que Estados Unidos enfrenta retos que las evidencias y testigos disponibles no podrían aclarar en torno al caso.

Varias agencias de investigación estadunidenses han documentado negocios entre dicho presunto narcotraficante y Elorduy Walter. El caso más significativo es la venta de una propiedad por parte del ex gobernador a Manuel Aguirre Galindo, que se concretó el 18 de julio de 1985, de una superficie de 28 mil 589 metros cuadrados, en el municipio de Tijuana, Baja California, por 60 millones de pesos, la cual fue revendida por Aguirre Galindo en 1990 por 643 millones de pesos.

En el plano de ex funcionarios federales mexicanos las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Nacional resaltan que Luis Téllez Kuenzler, presidente de la Bolsa de Valores, ilegalmente otorgó permisos y concesiones a Sempra, sabiendo que era accionista de la empresa Sempra Energy Inc y parte del consejo de administración en Estados Unidos, cometiendo violaciones al FCPA.

Juicios ocultados

Téllez junto con Carlos Ruiz Sacristán participaron en una operación irregular contra tenedores de bonos de Ienova, empresa de Sempra, ocultando juicios que pondrían en peligro la operación de la regasificadora.

En Estados Unidos, Sempra Energy es investigada por el mismo delito de haber operado empresas offshore que no estaban reportadas al Departamento del Tesoro ni a la Comisión de Valores, que reabrió una investigación en abril pasado por corromper autoridades en México en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón.

Un duro golpe que en los días recientes ha sufrido Ienova, la empresa de Sempra en México, es el anuncio del 29 de julio pasado, del gobierno mexicano del compromiso para establecer una alianza estratégica con las firmas Mercuria y JP Morgan para importar gas natural a México desde Estados Unidos a un precio mucho más barato al que actualmente suministra Sempra a la CFE. Este anuncio ha preocupado a los directivos de Sempra y a los tenedores de la Bolsa de Valores embaucados por los directivos de Sempra y su socio estratégico, Luis Téllez.