Los mecanismos de identidad de población en México continúan dispersos, sin uniformidad respecto de la captura y manejo de datos generales y biométricos.

Los 119.7 millones de habitantes pueden tener uno o varios documentos oficiales, mientras que los menores de edad no poseen una credencial que los identifique, salvo aquellos que cuenten con pasaporte.

La expedición de la cédula de identidad para menores de edad, proyecto central de la Secretaría de Gobernación (SG) durante el sexenio pasado, continúa suspendida, confirmó Mercedes Guillén, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la dependencia.

No estoy dando en este momento una tarjeta (cédula), pero sí hay un proyecto; estamos en el camino y habrá sorpresas, adelantó a La Jornada.

La administración federal deberá elaborar un plan para cumplir con su obligación legal de dotar de un documento de identidad a todos los habitantes, incluidos los extranjeros residentes en el país.

Durante el gobierno de Felipe Calderón se aprobaron casi 4 mil millones de pesos para esta tarea, que desde su nacimiento tuvo complicaciones legales (diputados interpusieron una controversia constitucional) y operativas. El objetivo inicial era entregar la cédula a 25.7 millones de menores de entre cuatro y 17 años de edad.

El plan surgió en 2008, en medio de una crisis de seguridad. En el entonces llamado acuerdo por la seguridad se planteó la necesidad de contar con un mecanismo que, además de ser válido en el país y el extranjero, colaborara para la identificación plena de las personas y de esta forma se combatiera de manera más eficaz el secuestro, la trata y otros delitos.

Tras un complicado proceso de planeación, a principios de 2011 se inició el programa, en el cual se admitía que México no ha cumplido los acuerdos internacionales relacionados con el derecho a la identidad, esto es, reconocer a cada uno de los individuos que constituyen la población y proporcionar un medio de identificación para acreditar la identidad certeramente.

La SG opera el Registro Nacional de Población (Renapo), base de datos integrada por el acta de nacimiento y los datos personales de cada individuo, incluidos en la Clave Única de Registro de Población (Curp).

Si bien el acta y la Curp dan identidad jurídica, no todos los mexicanos –especialmente los menores– tienen una para acreditar identidad física (imagen del rostro, huellas dactilares y registro ocular).

Con base en el diagnóstico anterior se planeó la cédula de identidad para menores y se publicitó como un documento oficial seguro y libre de duplicados, para dar garantía de identidad legal y jurídica a los niños y adolescentes; informa quiénes son sus padres o tutores; impide suplantaciones, y reduce el riesgo de falsificación.

La primera etapa se inició con la captura de datos e imágenes en módulos instalados en las escuelas primarias, con el fin de que la cédula eliminara la necesidad de entregar otros documentos para avalar la identidad del niño, tales como cartilla de vacunación, registros ante instituciones de seguridad social, el pasaporte o la credencial escolar.

La cédula está integrada por elementos de seguridad e incluye fotografía del rostro, de las 10 huellas dactilares y la fotografía del iris de ambos ojos.

Al término del sexenio calderonista se informó de la expedición de apenas 1.7 millones de cédulas, esto es, 6.9 por ciento de los 25.7 millones de la población de entre cuatro y 17 años, según el sexto Informe de gobierno.

En esta administración no se ha informado de un avance en la materia, aunque el presupuesto para el Renapo cayó radicalmente: en 2012 se aprobaron 922.9 millones de pesos, y en 2013 sólo 236 millones. Este año la cifra aprobada es de 281 millones.

La subsecretaria Guillén indicó que el tema fue parte del Pacto por México, esquema de negociación política del que surgieron algunas de las reformas estructurales recién aprobadas, aunque ahí nada se ha dicho del tema de la cédula. La funcionaria prometió que en breve se dará a conocer un plan para cumplir con el mandato legal en referencia.