a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó ayer a la empresa minera Buenavista del Cobre (filial de Grupo México, corporación a la que pertenece también Pasta de Conchos) corregir los daños causados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, en la entidad de ese nombre. El jueves pasado, en Cananea, ocurrió un rebalse de una represa de ácido sulfúrico, lo que afectó a ese municipio y a los de Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconchi y Ures.
Ante el hecho, es pertinente poner en perspectiva la racha de accidentes industriales ocurrida en esos mismos días: la explosión y la fuga de gas ese mismo jueves en una tubería de Gas Natural Fenosa, ubicada en San Pedro Garza García –municipio conurbado a Monterrey–, que condujo al desalojo de unas 2 mil personas, causó daños materiales de mediana magnitud y un prolongado corte de energía eléctrica y, un día después, el flamazo en la planta coquizadora de la refinería Francisco I. Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas, que ha dejado hasta ahora saldo de tres trabajadores muertos y ocho heridos.
La frecuencia de esta clase de accidentes obliga a cuestionar el grado de eficiencia de la supervisión oficial en la industria energética y extractiva que opera en el territorio nacional, y a señalar que las autoridades deberían mostrar un grado mayor de compromiso con la seguridad industrial y laboral en esos sectores.
El señalamiento resulta especialmente necesario en el contexto de la inminente entrada en vigor de una reforma energética que, en definitiva, dejó de lado el interés nacional y social como principio rector del ramo energético y da paso, en su lugar, al principio de la obtención de la máxima ganancia privada.
Si hasta ahora la seguridad industrial ha resultado insuficiente en Pemex –entidad propiedad del Estado y dirigida desde el gobierno–, cabe preguntarse qué le espera al país y a su población cuando esa hasta hace poco paraestatal vaya siendo marginada en provecho de consorcios energéticos extranjeros y privados de documentada tradición depredadora en lo social y en lo ambiental.
Los riesgos implícitos se multiplican si se considera, además, el enorme poder fáctico que el control territorial dará a tales consorcios, que se encuentra abundantemente documentado en la historia de las compañías petroleras extranjeras que operaron en el país hasta 1938.
En esa perspectiva, parece obvia la necesidad de retomar las alteraciones constitucionales y legales recientemente operadas por el grupo en el poder a fin de adicionarles, al menos, señalamientos claros y precisos que estipulen deberes y obligaciones de los concesionarios y contratistas en materia de seguridad industrial, laboral y ambiental.
No se trata de una visión paranoica ni exagerada, sino de hacer frente a peligros reales con antecedentes concretos, como la catástrofe ambiental, social y política provocada por Shell en el delta del río Níger, en Nigeria, la cual ha provocado incluso el surgimiento de grupos armados de resistencia a la transnacional.
Cabe esperar, en suma, que el Legislativo se ocupe en reducir, al menos, los de por sí indebidos márgenes de discrecionalidad que otorgó a los beneficiarios privados de la reforma energética que, de acuerdo con los términos legales, podrían estar muy pronto operando en el país.
