El gobierno de Enrique Peña Nieto ha realizado algunos cambios positivos respecto al de Felipe Calderón en cuanto a la forma en que presenta sus políticas de derechos humanos, pero sigue teniendo desafíos a la hora de aplicarlos a la realidad, afirmó Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hay un cambio en cuanto a la presentación de sus políticas públicas, entre ellas el Programa Nacional de Derechos Humanos, que contrastó con lo sucedido el sexenio anterior, cuando lo hicieron casi clandestino, señaló el ex ombudsman capitalino en el contexto del 152 periodo extraordinario de sesiones de dicho organismo.

Algunos otros gestos públicos de la actual administración que han sido bien recibidos por la CIDH, añadió, tienen que ver con la reforma al fuero militar y el retiro de reservas que tenía el Estado mexicano en varios tratados internacionales de derechos humanos, además de la propia invitación a los miembros del órgano con sede en Washington a sesionar en el país.

Sin embargo, Álvarez Icaza indicó que México sigue sin llevar a la práctica cabalmente esos avances legales. No basta con reformas constitucionales o con mandar señales importantes, como invitar a la CIDH. Lo agradecemos, pero hay desafíos importantes en términos del volumen de denuncias que nos llegan a la comisión, donde México sigue siendo el país con más denuncias en contra.

Algunos de los temas más preocupantes para los miembros de la CIDH, dijo, son los abusos contra migrantes, la tortura, el sistema penitenciario, la falta de garantías para niñas y niños, la vulnerabilidad de periodistas y defensores de derechos humanos y las fallas del mecanismo encargado de proteger a ambos gremios.

Respecto al tema de los niños migrantes no acompañados, el funcionario estimó que uno de los elementos que hacen más complicada la resolución del fenómeno es que no hay estadísticas oficiales sobre el mismo, por lo que llamó a estudiarlo con más detenimiento y a entenderlo como una crisis humanitaria y no con un conflicto de seguridad.

Mucha gente emigra no porque quiera, sino porque no tiene manera de sobrevivir. Una de las mejores formas de ayudarlos es generar mejores condiciones de vida en su lugar de origen, que pueden tener derecho a vivir en paz y a desarrollarse en sus comunidades. Esto no se va a resolver con policías, sino con modelos de desarrollo, insistió.

En este escenario, Álvarez Icaza llamó a reflexionar sobre cuál ha sido el papel de los organismos públicos de derechos humanos en el país, que reciben en conjunto unos 200 millones de dólares al año, sin que al parecer eso contribuya a disminuir la cantidad de violaciones a las garantías básicas o a satisfacer las demandas de las víctimas.