Las organizaciones del Congreso Popular, Social y Ciudadano del Distrito Federal (CPSCDF) expresaron su respaldo al planteamiento de incrementar el salario mínimo realizado por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Macera, por ser una demanda histórica del movimiento urbano. Además, anunciaron jornadas de lucha por un aumento de emergencia, por el derecho a la alimentación, a vivienda digna y a un medio ambiente sano.

A cuatro años de su integración, el CPSCDF presentó en el Zócalo la cuarta declaración del movimiento, en la que llamaron a la unidad de las organizaciones sociales y civiles, sindicatos, campesinos, indígenas, estudiantes y a las fuerzas políticas de izquierda para avanzar en un proyecto que enfrente los efectos de las reformas estructurales.

En otro punto de la declaración, se pronunciaron contra las normas 30 y 31 para vivienda de bajo costo y de niveles medio y medio alto, con una solicitud a Mancera para iniciar un diálogo que permita establecer una nueva relación del gobierno con los ciudadanos, una participación social en el diseño de las leyes y normas para una reforma urbana integral y un desarrollo económico de la ciudad, no excluyentes.

Queremos que las potencialidades económicas, financieras, de comunicaciones, científicas, tecnológicas, educativas, culturales y de servicios se traduzcan en mejores salarios y no los peores de América Latina. Es por eso que recibimos la propuesta del jefe de gobierno de un incremento de emergencia, que ha sido una demanda histórica del movimiento y planteamos nuestro compromiso con ustedes de impulsar jornadas de lucha.

Asimismo, convocaron el primero de septiembre a una marcha de la columna de la Independencia en Reforma al Zócalo y en diciembre a un encuentro de organizaciones.

Sobre el tema de las normas de vivienda, Lied Castelia Miguel Jaimes, comentó al final del acto que se han reunido con diputados de la Asamblea Legislativa (ALDF), como Genaro Cervantes Vega (PT) y Claudia Cortés Quiróz (PRD), y con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), entre ellos el director de Atención a Grupos, Alberto Martínez Flores, quienes aseguraron que dichas normas prácticamente ya fueron descartadas e iniciarán en septiembre la discusión para ver qué modificaciones se aplican a la norma 26 para vivienda de interés social y popular, actualmente suspendida.