Ciudad Victoria, Tamps., 17 de agosto.

A tres meses de la muerte por acoso escolar de Héctor Alejandro Méndez Ramírez, estudiante de la secundaria 7 de esta capital, la Secretaría de Educación local aseguró desconocer el futuro de los cuatro alumnos que participaron en el juego del columpio que provocó la muerte cerebral al menor, no obstante que la autoridad educativa asegura que no dejará a su suerte a los implicados.

A pesar de que este lunes se inicia el ciclo escolar 2014-2015, el secretario de Educación estatal, Diódoro Guerra Rodríguez, dijo desconocer cuál es la situación de los cuatro menores implicados en la muerte de Héctor Alejandro, así como la escuela, el instituto o la manera como terminarán la educación secundaria los estudiantes.

Les dijimos y decimos que no los dejaremos solos y merecen todo el apoyo, pero no sé dónde van a continuar su educación secundaria o cuál alternativa hay para ellos. Los jóvenes problema están plenamente identificados y no creemos que con sanciones salgan adelante. Ellos tienen problemas y es necesario darles seguimiento, afirmó el funcionario.

Reconoció que se violó un protocolo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativo a que menores infractores con menos de 14 años deberán ser atendidos en lugares apropiados y no –como ocurrió en este caso– en una cárcel tutelar y un centro de atención de adicciones.

El secretario dijo que la dependencia a su cargo creó una oficina con programas apropiados para prevenir la violencia en las escuelas tamaulipecas.

El estudiante Méndez Ramírez murió en un hospital de esta capital el 14 de mayo pasado, cuando cuatro adolescentes lo arrojaron al aire y resultó gol- peado, en un juego conocido como el columpio, lo que le ocasionó una lesión cerebral que produjo su deceso.

Los familiares de uno de los estudiantes implicados cuentan con un amparo judicial para que no sea sometido a cursos y terapias en el tutelar para menores, ubicado en el municipio de Güemez, donde se encuentran recluidos menores infractores relacionados con delitos contra la salud y delincuencia organizada.

También están en desacuerdo en que el menor reciba tratamiento en una clínica para prevenir adicciones, debido a que los estudiantes no tienen antecedentes relacionadas con el consumo de estupefacientes.