El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tiene hasta el 10 de septiembre para interponer una controversia constitucional en contra de la legislación secundaria a telecomunicaciones que le restó facultades, por lo que como primera muestra Televisa pudo comprar Cablecom, sin necesidad de que el Ifetel aprobara la operación.

Hasta el momento los comisionados sólo han declarado que están en la revisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como de la Ley Federal de Competencia Económica para determinar si actúa para recuperar facultades que le confirió la reforma constitucional.

La revisión detallada se debe a que con la aprobación de la legislación secundaria el Ifetel tiene nuevas y más obligaciones en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.

El presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, señaló en reunión con medios que los comisionados tienen que revisar de forma minuciosa la legislación para saber cuáles serán las acciones a seguir.

Por separado, el comisionado Fernando Borjón ha señalado que la promoción de una controversia constitucional es una atribución que tiene el pleno, pero se trata de un tema que en este momento es objeto de estudio de los comisionados. Aclaró que no hay diferencias entre ellos por el tema y la decisión se dará a conocer cuando estén listos.

Desde que se conoció la iniciativa de legislación secundaria enviada por el Ejecutivo al Senado de la República, diversos especialistas en telecomunicaciones advirtieron que el documento le restaba facultades al Ifetel, en aquel momento en materia de contenidos, publicidad, competencia y autonomía en general.

Lo aprobado invade funciones

Con la aprobación de la legislación secundaria, especialistas como el director de la consultoría Mediatelecom, Jorge Fernando Negrete, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Agustín Ramírez, la presidenta de Observatel, Irene Levy, se manifestaron por que el Ifetel promueva una controversia constitucional para legitimar su ejercicio, porque lo aprobado por el Congreso invade sus funciones y le resta la autonomía que le otorgó la reforma constitucional.

El plazo estipulado por la ley para que se interponga una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional vence el 10 de septiembre y hasta el momento quienes podrían promoverla, que son los diputados y senadores, no han logrado reunir las firmas suficientes.