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La restricción de agua en ríos Bacanuchi y Sonora abarca 250 km

La lluvia no fue culpable: Guerra
 
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de agosto de 2014, p. 3

La restricción del uso de agua de los ríos Bacanuchi y Sonora, que se decretó por el derrame de sulfato de cobre acidulado en la mina de Cananea, se mantendrá en una extensión de 250 kilómetros hasta que exista el aval de los laboratorios que realizan los análisis de calidad del líquido, cuyos resultados se conocerán el viernes próximo, señaló el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, dijo que la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, operadora de la mina, ‘‘mintió’’ sobre el derrame de las aguas con metales pesados y ácido sulfúrico, ya que dijo que había ocurrido por exceso de lluvias, ‘‘lo cual es totalmente falso’’, y después ‘‘nos dijeron que iba a haber una serie de ayudas y apoyos a la población, lo cual tampoco se dio’’.

Dijo que ya se pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que inicie una revisión de todos los permisos que debe tener la empresa para la operación de la mina, ‘‘para ver si han cometido otro tipo de violaciones’’.

Korenfeld y Guerra acudieron a Sonora para atender la emergencia ambiental el 12 de agosto, cinco días después de que ésta ocurrió. Guerra explicó que ‘‘no era indispensable que estuviéramos ahí (…), llegamos cuando teníamos que ir’’. Apuntó que las delegaciones de la dependencia estuvieron ahí, ‘‘no tiene que estar físicamente ni el procurador, ni el titular de Conagua, ni el secretario (de Semarnat) para que nuestras delegaciones actúen’’.

Explicó que hay varios ejercicios jurídicos que se siguen. Entre ellos están que a la operadora de la mina de Cananea, de acuerdo con la Ley de Gestión de Residuos, se le puede imponer una multa que sería de alrededor de 3 millones de pesos. La Ley de Aguas Nacionales establece una sanción de 2 millones, y ‘‘estrenaríamos la Ley de Responsabilidad Ambiental, con la cual se podría sancionar con 40 millones de pesos’’, apuntó.

Además, la Procuraduría General de la República (PGR) ya tendría que iniciar las acciones pertinentes, luego de que la Profepa presentó el pasado lunes una denuncia penal en contra de Minera México, añadió Guerra Abud en conferencia de prensa en la que se habló del ‘‘beneficio ambiental’’ de la reforma energética.

Precisó que la clausura de la mina se podría hacer si la empresa cometiera violaciones suficientes para ello: ‘‘No puede ser que clausuremos nada más así, la revisamos punto por punto para garantizar que la decisión que se tome sea apegada a derecho’’.

Por su parte, Korenfeld explicó que además de las sanciones administrativas por primera vez en la historia se solicitará a una empresa, en este caso a la minera, que durante los próximos cinco años presente a la Conagua monitoreos de la calidad del agua de los ríos cada dos semanas, independientemente de la reparación del daño.

Las pruebas de la presa El Molinito, la última estación antes de Hermosillo, indican que los niveles están dentro de la norma, agregó. Se harán las mismas pruebas desde el sitio de origen de la contaminación hasta esta presa, que es el punto más lejano. Los trabajos los realizarán dos laboratorios certificados para cruzar los resultados; cuando ambos establezcan que todos los parámetros están dentro de la norma se irán liberando parcialmente los tramos del río, puntualizó.

Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SG), aseguró que la Profepa apoyará las acciones legales en contra de la empresa propiedad de Grupo México, responsable de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi. En tanto, autoridades de la Conagua informaron que los niveles de contaminación han disminuido, pero se seguirán realizando análisis hasta que se pueda levantar la contingencia en la zona.

En los municipios afectados por el derrame de ácido sulfúrico y cobre, Puente se reunió con pobladores de los municipio de Ures, Baviácora y Ramos Arizpe, a los cuales reiteró el interés del presidente Enrique Peña Nieto en que el problema se solucione pronto.