El encarcelamiento de Nestora Salgado, una de las fundadoras de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, y de otros luchadores sociales, forma parte de una campaña del gobierno federal para desalentar la organización popular y enviar a las empresas trasnacionales el mensaje de que pueden saquear el país sin ninguna oposición, señalaron familiares de los presos y organizaciones sociales.

Para llamar la atención sobre este tema, diversos colectivos darán continuidad hoy a la campaña por la libertad de Salgado, con un foro a realizarse a las 17 horas en el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y una marcha a las 10 de la mañana por las principales calles de Olinalá.

Este mismo jueves se realizarán otros actos para exigir la libertad de presos políticos en varias localidades del país, entre ellas Los Mochis, Aguascalientes, Chilpancingo, Jamiltepec, Chihuahua, Ciudad Juárez y el istmo de Tehuantepec, así como en seis ciudades de Estados Unidos y frente a las embajadas de México en Australia, Argentina, Costa Rica, Brasil y República Dominicana.

En conferencia de prensa, miembros del Comité Nestora Libre alertaron que desde hace meses han sido encarcelados al menos 328 integrantes de grupos de autodefensa en Michoacán, que se suman a los 13 policías comunitarios de Guerrero que ya estaban en prisión, lo mismo que varios activistas contra la presa hidroeléctrica La Parota, entre ellos Marco Antonio Suástegui.

Advirtieron que se siguen cometiendo asesinatos contra líderes sociales, como Galeano, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; Rocío Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Ausencia Honorato, esposa de Gonzalo Molina, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, narró que aunque las autoridades saben de la inocencia de los presos, los tratan como al peor de los delincuentes y amenazan y reprimen a sus familias, como mensaje intimidatorio para el resto de la sociedad.

Entre lágrimas, Agustina García, esposa de Arturo Campos –también integrante de la CRAC–, deploró que en los ocho meses que lleva preso su marido no ha podido verlo ni hablar con él, hasta el punto en que sus hijos dudan que siga vivo. Sigue la tortura sicológica contra nosotros porque somos indígenas, pero no nos van a callar, manifestó.