Oaxaca, Oax., 21 de agosto.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares en favor de los grupos y asambleas creadas en el Istmo de Tehuantepec que se oponen a proyectos eólicos y han sido amenazados por autoridades, cuerpos policiacos y grupos de choque.

En un comunicado, el presidente del organismo, Arturo Peimbert Calvo, se refirió a las denuncias de habitantes del San Dionisio del Mar, quienes aseguran haber sufrido violencia verbal y física por oponerse a la instalación de un parque eólico en ese municipio habitado por indígenas ikootjs (ikoojts) y señalan que se violó su derecho a ser consultados.

Según el ombudsman, los actos intimidatorios han sido impulsados por el administrador municipal, el priísta Jorge Bustamante García –director del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca en el gobierno de Ulises Ruiz–, quien junto con grupos de choque busca imponer el proyecto.

Lo acusó también de buscar impedir que se celebren las elecciones extraordinarias ordenadas por la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Xalapa, luego que el 28 de diciembre pasado revocó el triunfo del candidato del Partido Social Democráta a la alcaldía, Saúl Sierra, a tres días de que tomara posesión del cargo.

Rechazan elección extraordinaria

Peimpbert Calvo indicó que se emitió una segunda medida cautelar dirigida al secretario de Seguridad Pública, del estado Alberto Esteva Salinas, a quien se exhortaó a prevenir delitos en agravio de la comunidad.

Exigió a las autoridades locales realizar las consultas entre los pobladores para que éstos decidan si quieren los parques eólicos en sus localidades, como ha solicitado Amnistía Internacional, y que se deje de usar la violencia y la intimidación para llevar a cano este tipo de proyectos.

En la capital del estado, Jorge Castellanos, habitante de San Dionisio y simpatizante de Jorge Bustamante, se plantó con otras 50 personas en el Congreso para exigir la cancelación de la elección extraordinaria ordenada por el TEPJF, por considerar que no hay condiciones de seguridad.