La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó un protocolo de actuación institucional coordinada entre los tres niveles de gobierno para garantizar la protección y seguridad de funcionarios municipales.

Según la Asociación de Autoridades Locales de México, en los últimos ocho años se han registrado, hasta hace un mes, 44 asesinatos de presidentes municipales: nueve del PRD, 11 del PAN, 21 del PRI, dos del PT y uno del PVEM. Decenas de funcionarios municipales, alcaldes, ex alcaldes, síndicos, regidores, cuerpos de seguridad y policías han sido víctimas directas de asesinatos, atentados y muertes sospechosas.

Lo anterior se dio como resultado del clima de violencia, descomposición política y social por el que atraviesa el país, donde han fallado la Federación y los gobiernos estatales para brindar seguridad a la ciudadanía y es el municipio el eslabón más débil al contar con menos recursos económicos, armamentistas e institucionales para enfrentar a la delincuencia organizada.

Conforme al análisis de la co­misión, 87 por ciento de esos crímenes se han perpetrado en municipios con altos índices de marginación, poblados apartados e incomunicados, “donde las fuerzas federales no llegan y se resiente más la pugna entre los cárteles”.

En esos territorios, continúa, la Policía Federal, el Ejército o la Marina, intervienen sin que el alcalde sea notificado, y una vez que se retiran, el conflicto se agrava por la falta de policías municipales y las autoridades locales quedan a merced de la extorsión y violencia de las organizaciones criminales, que obligan a los alcaldes a pasar por alto sus actos delincuenciales.

Con base en un punto de acuerdo de la Primera Comisión de Gobernación, la Permanente recordó que una de las acciones implementadas para la seguridad de municipios es el Servicio de Protección Federal, que se propone salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en el ámbito de sus competencias.

No obstante, solicitó a la Comisión Nacional de Seguridad y al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se contemplen en el protocolo de actuación señalado, las previsiones de seguridad para los integrantes de los ayuntamientos y los funcionarios municipales del país y, en su caso, la elaboración y adopción del programa correspondiente.