Greenpeace México informó que se suma a la exigencia para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promueva una acción de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de la reforma energética, porque violan garantías individuales de millones de mexicanos.

María Colín, asesora legal del organismo en nuestro país, precisó que la aprobación y publicación de la legislación reglamentaria de la reforma energética, el pasado 11 de agosto, abre la puerta a violaciones a garantías fundamentales, como al medio ambiente sano y acceso al agua, y la encargada de evitarlo es la CNDH, utilizando todos los recursos a su alcance para lograrlo; la acción de inconstitucionalidad es uno de dichos recursos, por lo que es su responsabilidad presentarla con base en el artículo 105, fracción II.g de la Constitución.

Greenpeace México ha criticado el hecho de que se dejaran fuera de la reforma las energías renovables, como la solar y la eólica, y que se haya apostado por la destrucción de los ecosistemas nacionales, proponiendo la explotación desmedida de recursos naturales sin importar las consecuencias ni los derechos de las personas. En rechazo a esta reforma, el pasado 30 de julio activistas de Greenpeace desplegaron una manta de 15 metros cuadrados con el mensaje: EPN: tu reforma energética destruye México.

En una carta entregada a la CNDH, el organismo internacional y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, pidieron que el próximo proceso de renovación de la presidencia de la comisión no interfiera con las obligaciones y atribuciones constitucionales en materia de protección y defensa de los derechos humanos contra el proceso de iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, publicación y vigencia de dicha reforma.

En el escrito alertan que “la reforma energética violenta el principio pro personae definido en el artículo primero de la Carta Magna; el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios, establecidos en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas o Tribales”.

Asimismo, refieren que las leyes secundarias atentan contra “el derecho a la propiedad, contenido en el artículo 14 constitucional y el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el derecho a la participación y a la información, consignados en el artículo 6 constitucional y los apartados 13 y 23 de dicha convención.

Apuntan que también los cambios legales vulneran el derecho humano al agua y al medio ambiente sano contenidos en los artículos cuarto constitucional y 11 del Protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales.