Buenos Aires, 24 de agosto.

El empresario mexicano y propietario del fondo de inversión Fintech Advisory, David Martínez Guzmán, aceptó el canje de deuda propuesto por Argentina para evitar un bloqueo judicial de pagos en Estados Unidos, reveló este domingo en una entrevista con el diario Página 12.

Sí, respondió el directivo al ser consultado sobre si adhiere al proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso para cambiar a Buenos Aires la sede de pago que está en Nueva York, y aclaró que es una medida correcta, que debe tomar un país soberano ante un ataque judicial indebido.

Esta medida, dijo el empresario, permitiría “aislar al juez (estadunidense) Thomas Griesa y a los fondos buitre, y reanudar la cadena de pagos interrumpida en forma arbitraria.

“A los fondos (que en la jerga financiera se denominan buitres) no les interesa negociar, se dedican a demandar a países en dificultades y ahora están planeando hacerlo con Portugal”, afirmó el millonario, socio del poderoso multimedios local Clarín, en una red de tv por cable y uno de los mayores accionistas de Telecom Argentina.

El inversionista dijo tener en su cartera bonos argentinos restructurados por centenares de millones de dólares.

La presidenta Cristina Kirchner envió la semana pasada al Parlamento, donde tiene mayoría, un proyecto para abrir en la capital argentina una ventanilla de cobro de los bonos y reabrir el canje.

Un depósito de 539 millones de dólares para pagar deuda a tenedores de bonos restructurados en 2005 y 2010 está congelado en una cuenta del Bank of New York (BoNY) por orden del juez del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, en represalia por incumplir Argentina una sentencia de abonar 100 por ciento de una deuda por mil 330 millones de dólares con fondos especulativos.

El impedimento impuesto por el juez provocó que el 30 de julio los bonistas no pudiesen cobrar el dinero depositado y dos calificadoras de riesgo declararon al país en “default selectivo”.

Otro vencimiento por unos 200 millones de dólares se aproxima el 30 de setiembre, y Argentina intenta que la ley se apruebe antes para que los bonistas puedan cobrar en un banco estatal de Buenos Aires. El gobierno argentino sostiene que no puede cumplir el fallo del juez estadunidense porque ello infringe contratos con otros tenedores de deuda y provocaría reclamaciones hasta de 500 mil millones de dólares.

Al romper los contratos (de bonos restructurados), el juez universalizó el litigio. No tiene derecho a hacer eso con bonistas que hicieron acuerdos en Londres, en Bruselas y Tokio, y que no tienen nada que ver con los litigantes, los fondos NML, Aurelius y otros, dijo Martínez Guzmán.

El empresario consideró que el proyecto de ley de pago soberano local es la forma correcta que tiene el país para recuperar la capacidad de conducción de sus negocios y reconstruir la cadena de pagos de los bonos restructurados.

Añadió que el juez Griesa nada podría hacer ante una emisión de deuda interna en la Argentina, para la cual no hay obstáculos de mercado.

Martínez Guzmán agregó al diario argentino: Nosotros no estamos en el negocio del litigio, el que nos metió es el juez. Pero no puede dar órdenes en cualquier parte, porque viola nuestro derecho de propiedad sobre el que no tiene ninguna autoridad. Vamos a apelar en Estados Unidos y en Londres todas las decisiones ilegítimas que nos afectan. La solución de fondo es pasar a un plan local.

Por otro lado, el diario La Nación infomó que algunos bonistas reetructurados están analizando renunciar a la cláusula llamada Rufo, que impide que Argentina ofrezca mejores términos a los acreedores que no participaron en sus canjes de deuda, pero la renuncia no sería suficiente para el gobierno argentino.

No hay intención de pagar, aun si todos los bonistas renunciaran a la Rufo y tampoco en diciembre cuando vencerá, aseguró un operador citado por el periódico. La cláusula Rufo, que vence en diciembre, reconoce a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 el derecho a demandar a Argentina si ésta les mejora la oferta a los acreedores que no aceptaron aquellos canjes.

Hasta que termine su mandato en 2015, ella (la presidenta) no quiere pagar todo, sino lo mismo que los del canje. Ese fallo (de Griesa) no es justo. Detrás del NML viene el resto, un 7 por ciento de la deuda de 20 mil millones, agregó el operador.