San Luis Potosí, SLP, 24 de agosto.

El gobierno del estado adquirió en noviembre pasado modernos equipos de intervención telefónica para combatir al crimen organizado, en los que gastó más de 22 millones de pesos, pero según la organización no gubernamental (ONG) Ciudadanos Observando, con dichos aparatos la administración de Fernando Toranzo Fernández ha intensificado el espionaje a los ciudadanos potosinos desde finales de 2013.

El procurador estatal, Miguel Ángel García Covarrubias, negó que se haga mal uso del sistema y aseguró que la vigilancia ha permitido capturar a delincuentes de alta peligrosidad.

Ciudadanos Observando publicó en su página de Internet detalles del contrato que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por medio de la dirección de adquisiciones de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, validó para la compra, por invitación restringida, a la empresa Ingeniería Kantier SA de CV, con sede en la ciudad de México.

Según el contrato publicado en Internet por la Oficialía Mayor, en el expediente DGA-CAASPE-IR-07-13, la compra del sistema de monitoreo de teléfonos celulares y fijos se concretó el 27 de mayo de 2013.

La ONG destaca que la empresa fue creada el 28 de febrero de 2013, según el acta constitutiva 38,216, la cual indica que su representante legal es Silvia Senén Mayorga Lepe. El contrato ampara la compra de equipo de intercepción de llamadas de telefonía fija, que la dependencia llama Módulo 1 y consta de un sistema central para el seguimiento de redes en plataforma GSM, con un costo de 12 millones 282 mil 285.25 pesos.

Para la vigilancia de teléfonos celulares se adquirió el módulo 2, que contsta de seis antenas de alta ganancia y un sistema activo DT-AP6/001 con plataforma 3G, capaz de interceptar en tiempo real comunicaciones GSM, EDGE, 3G y protocolos AS/0/1/2 para SMS y AS/0/1/2 para voz; obtiene identificaciones IMSI, IMEI, TMSI y MSISDN de los equipos; manipula el teléfono objetivo, abre el micrófono, manipula mensajes SMS, clona el número para usarlo al enviar SMS a otro objetivo y realiza llamadas.

También detecta objetivos prestablecidos, graba todo tráfico de llamadas y SMS o SG10, las interrumpe o bloquea en forma selectiva, identifica números telefónicos salientes o entrantes, simula redes GSM 850, 1900, 900, 1800 y 3G y clona redes reales, intercepta tonos DIMF y niega acceso a la red telefónica. Este equipo costó seis millones 853 mil 447.41 pesos.

Ambos módulos costaron 19 millones 135 mil 732.66 pesos, más tres millones 61 mil 717.23 pesos de impuesto al valor agregado, lo que suma 22 millones 197 mil 449.89 pesos.

El contrato fue por invitación restringida porque la PGJE consideraba inconveniente hacer del dominio público las características y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir, ya que de llegar esta información a la delincuencia podría generar trastornos graves a la institución y a sus operaciones.

Ahora, con el pretexto de la seguridad, la Procuraduría de Justicia podrá, sin orden de un juez, espiar, grabar, cortar comunicaciones y manipular mensajes SMS, lo cual es un grave atentado a los derechos humanos, porque ahora cualquier ciudadano podrá ser vigilado en su intimidad. Los ciudadanos en general estamos siendo espiados sin control alguno por el gobierno del priísta Fernando Toranzo, afirmó Ciudadanos Observando.

El procurador García Covarrubias señaló en un comunicado que el equipo sólo se usa si se emite un oficio vinculado a una averiguación previa; además, para intervenir un teléfono se requiere orden de un juez de distrito y el sistema registra cada una de las veces que ha sido utilizado”.