El Movimiento el Campo es de Todos demandó al presidente Enrique Peña Nieto que instruya a las autoridades ambientales y de salud para que lleven a cabo una investigación a fondo de los derrames de las empresas mineras Buenavista del Cobre, filia de Grupo México, y Proyecto Magistral, que han afectado a comunidades de Sonora y Durango.

La investigación no sólo debe ser en materia de gestión de residuos, sino de las consecuencias para la salud de la población y la afectación a los ecosistemas y agroecosistemas, asentaron en la misiva enviada a la Presidencia de la República.

También exigieron que a los decretos de las leyes secundarias de la reforma energética se agreguen protocolos de consulta y salvaguardas sociales y ambientales que se construyan conjuntamente con las organizaciones campesinas e indígenas, y sean de aplicación obligatoria por las empresas.

El movimiento –integrado por agrupaciones campesinas, ambientalistas, de derechos humanos y sociales– destacó que un seguimiento al manejo que han dado los gobiernos federal y estatales a dichas empresas ponen en evidencia la fragilidad que existe en el país en materia institucional, jurídica y normativa para enfrentar estas contingencias, lo cual se acentúa con la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética que facilitan la aplicación de diferentes proyectos extractivos y de generación de energía sin contrapesos para disminuir los riesgos sociales y ambientales.

Los recientes desastres, abundó el movimiento, dejan al descubierto la falta de consulta a la población rural antes de iniciar proyectos que impliquen riesgos graves en materia ambiental o social. También demuestra que deliberadamente las empresas ocultan información aun cuando saben que la población, su entorno y sus bienes están siendo afectados.

Los desastres ambientales en Sonora y Durango demuestran que el Estado carece de un órgano eficaz que regule el comportamiento de empresas altamente contaminantes.

La agrupación destacó que es responsabilidad del Estado prevenir dicho tipo de afectaciones, las cuales tienen consecuencias incalculables. Las medidas de remediación que ha propuesto para dicho casos no son claras ni parecen garantizar la integridad de los ecosistemas ni de los agrosistemas. La información en cuanto a los riesgos de salud para la población tampoco es aceptable ya que prácticamente no han intervenido las autoridades en la materia.

“¿Cuánto tiempo tienen que esperar los afectados ambientales para que se haga justicia ante estos perjuicios de muerte? El gobierno planteó en las leyes secundarias de la reforma energética que en 180 días se generará la ocupación temporal –que es una expropiación de facto de las tierras y territorios–, pero con sus acciones demuestra que cuando se genere alguna afectación por contaminación de las empresas no habrá respuesta rápida ni castigo ejemplar”, abundó.

Las agrupaciones del movimiento pusieron en tela de juicio la actuación del Partido Verde Ecologista de México ante la contingencia ambiental en ambos estados del norte. Es evidente la incongruencia y falta de seriedad de ese partido político, que funciona con recursos públicos, pero en la práctica, cuando se requiere, no representa los intereses de la población en los temas en los que afirma es especialista. En el país hay 300 conflictos socioambientales, destacó.

Denunciaron además que se ha criminalizado a los ciudadanos que participan en la defensa del territorios y comunidades contra proyecto eólicos, mineros e hidroeléctricos, pues no han sido consultados y representan un riesgo para sus habitantes. Demandamos que la Secretaría de Gobernación instale la mesa de derechos humanos que se acordó como parte de la negociación del 23 de julio para atender los diversos casos de ciudadanos encarcelados o perseguidos por defender el derecho a un ambiente sano, acotaron.