Ante la escasa información oficial tanto del gobierno federal como estatal sobre la contaminación con residuos peligrosos que ocasionó la empresa Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, en dos cauces, un grupo de ciudadanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de aplicación de medidas cautelares.

Señalan que las secretarías de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales no han hecho pronunciamientos oficiales sobre el hecho. Apenas para este martes, 21 días después del derrame de contaminantes, la dependencia convocó a conferencia de prensa para hablar específicamente del tema.

Destacan que al menos en los primeros diez días del hecho hubo tardanza en informar por parte de las autoridades, ya que no hubo pronunciamientos oficiales sobre el tema. Fue el 14 de agosto, nueve días después del hecho que ocurrió el 5 de agosto, cuando la Secretaría de Salud estatal emitió recomendaciones, apuntan.

El documento, entregado a la CIDH el 14 de agosto, fue firmado por 36 personas que laboran en instituciones académicas de Sonora y organizaciones ambientales, entre los cuales están Diana Luque, Luisa Paré, Víctor Toledo y Enrique Leff.

Denuncias, desde hace 30 años

En él señalan que el hecho es un foco rojo para la salud y que hace 30 años hubo denuncias de comunidades por los derrames tóxicos de la mina, la cual opera desde el siglo XIX, pero se ha modernizado. Sus propietarios actuales, Grupo México, cuentan con una estructura corporativa internacional y presumen ser líderes en la producción mundial de cobre, siendo las minas de Sonora su principal baluarte.

Indican que el derrame de 40 millones de litros de aguas residuales con sustancias peligrosas, refleja la falta de supervisión de las autoridades sanitarias y ambientales en los procesos de extracción minera. Así como la inexistencia de planes de contingencia que incluyan la atención inmediata a los afectados directos y el acceso a información técnica.

Esto se suma al hecho de que existe una reconocida y documentada escasez en la disponibilidad de agua en Sonora. Lo anterior debido a la sistemática reducción y contaminación de aguas superficiales, sobrexplotación y contaminación de sus acuíferos y salinización de los acuíferos costeros. Precisan que dado el contexto actual del estado, este hecho adquiere tonalidades críticas en materia de salud y abastecimiento de agua”.

A pesar de la falta de datos técnicos, sobre lo que realmente significa el volumen derramado, el tipo de químicos, su impacto en la salud humana, y su relación respecto a la capacidad de resiliencia del río Sonora, dado el contexto actual, es un caso que se convierte en foco rojo de salud. Esto, señalan, nuevamente revela la incapacidad del Estado mexicano para garantizar a la sociedad sus derechos humanos.

Entre las medidas cautelares que solicitan están informar a la población de manera precisa y accesible sobre los hechos y consecuencias, llevar a cabo un plan de emergencia ante las implicaciones que la catástrofe puede ocasionar a la población, asegurar de manera urgente el abastecimiento de agua potable a la población y asegurar la atención médica a la población con un diagnóstico epidemiológico certificado.

También piden una estrategia de saneamiento inmediata del río Sonora con supervisión de organismos ciudadanos y académicos; la elaboración de un estudio epidemiológico, social, económico y ambiental del acontecimiento, realizado por especialistas académicos, reconocidos y certificados.