or fin habló el mudo, y lo hizo sólo para decir que si los mexicanos saben contar, pues que no cuenten con el retiro de la concesión federal al Grupo México en Buenavista del Cobre ni con la clausura de la mina, y mucho menos con sanciones para el corporativo, porque lo relevante, dijo, no es el ecocidio en Sonora ni la rienda suelta de la empresa, sino su compromiso en la compensación económica de los afectados y la remediación de sus efectos, los cuales, dicho sea de paso, hasta ahora han sido sufragados con recursos públicos (y todo indica que así se mantendrá).

Tan brillante conclusión fue aportada por Ildefonso Guajardo, secretario de Economía (dependencia encargada de otorgar las concesiones mineras y, se supone, vigilar el cumplimiento de la ley en la materia), quien por primera en vez en tres semanas tuvo la cortesía de abordar públicamente el tema del derrame tóxico de Grupo México en la citada entidad norteña para, obviamente, salir en defensa del corporativo, muy al estilo de otro funcionario, el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, el cual aseguró que la mina no puede ser clausurada ni siquiera temporalmente (porque) no puede frenarse la actividad económica y el país tiene que crecer (léase Larrea tiene que crecer sus utilidades).

A Guajardo poco le importa el daño ecológico provocado por Grupo México, las repercusiones en la salud de los 24 mil sonorenses afectados y la repercusión negativa en el campo y la industria sonorense, porque para él lo relevante es que actualmente la empresa contrata a 2 mil trabajadores y potencialmente, en condiciones de cumplimiento en toda su regulación, podría generar 10 mil fuentes de empleo. Dicho sea de paso, esas cifras alegres ni de lejos coinciden con las del propio Grupo México, el cual reconoce que en todas sus minas (que son muchas a lo largo y ancho de la República) emplea a poco más de 9 mil trabajadores.

Tan preocupado estaba por el mágico futuro laboral, que Guajardo dejó a un lado que 64 por ciento de los cuantiosos ingresos del Grupo México (la información es del propio corporativo) provienen del cobre, fundamentalmente del extraído de la mina Buenavista, antes Minera de Cananea, una ex paraestatal que contiene los mayores yacimientos de cobre mineral en el mundo y que generosamente fue entregada a precio de ganga –si es que algún día lo pagó– a la familia Larrea por el gobierno salinista. Desde entonces, lo menos que preocupa a la empresa de Larrea es el asunto laboral, ya que, entre otras tantas gracias, se ha dedicado a reprimir brutalmente a los trabajadores, a romper huelgas mediante el uso de golpeadores y a combatir, de forma por demás sucia, a los sindicatos independientes.

Y en el plano estatal, tres semanas después del derrame tóxico de Grupo México, el versátil Guillermo Padrés, presunto gobernador de Sonora, ha iniciado de inmediato la remediación ecológica por el derrame de ácido sulfúrico, mediante un programa propagandístico denominado salvando el río, por medio del cual exige la solidaridad de todos para limpiar las extensas zonas afectadas. Y por ejemplo puso a la propia empresa contaminante, “que ya está trabajando arduamente para poder limpiar, todo el saneamiento que se necesita para que mejore la calidad del agua que va río abajo hacia El Molinito… Manos a la obra… No hay tiempo que perder” (El Imparcial de Hermosillo). Así, el director de imagen de Germán Larrea se va a quedar sin chamba.

Lo mejor del caso es que Padrés dijo a los sonorenses que no se preocupen, que estén tranquilos, porque él ya le sacó el compromiso al Grupo México “de que va devolver ese dinero (el costo del rescate ecológico, si es que en realidad se logra, que hasta el momento ha salido del erario) y si no vamos a buscar todos los medios legales para que ellos le hagan frente… Estimamos en números fuertes que puede llegar hasta los 80 a 100 millones de pesos en la primera etapa”.

Entonces, la empresa tóxica descaradamente cobijada por las presuntas autoridades federales y estatales, y los miles de afectados que se jodan. Además, qué importa, si sólo se trata de otro homicidio industrial del corporativo de Larrea. Si le permitieron los anteriores, por qué este no.

Y si de dineros de la nación se trata, el gobierno peñanietista cocina otra carga de pasivos laborales a las espaldas de los mexicanos. Parece que no quedó satisfecho con los cerca de 2 billones de pesos que sumó a la deuda pública por concepto de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Va por más. Total, la paisanada ni se entera ni se queja.

La información dice así: “la responsabilidad sobre el pago de las pensiones a trabajadores ferrocarrileros será trasladada al gobierno federal, de acuerdo con la propuesta de un grupo de trabajo formado por funcionarios de la secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes, así como de Ferrocarriles Nacionales de México y el sindicato del gremio, de acuerdo con información obtenida por La Jornada. La solución propuesta es que la SCT aporte los recursos para el pago” de seguros y pensiones que hasta ahora son responsabilidad de dos fideicomisos privados… “El lunes pasado, La Jornada reveló que dos fideicomisos responsables de gestionar las jubilaciones de trabajadores ferrocarrileros sindicalizados se habían quedado sin fondos, por lo que los pagos se están cubriendo con recursos del presupuesto público” (Roberto González Amador).

Como en el caso de Pemex y la CFE, nadie investigó, no hay responsables del quebranto, ninguna autoridad detectó ni castigó los excesos y atracos del impresentable Víctor Flores (compadre de Carlos Romero Deschamps, Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine y demás líderes, todos ellos en contra del aumento al salario mínimo).

Lo mejor del caso es que la privatización de Ferronales arrancó en 1995, con Zedillo; se extinguió en 2001, con Fox; 13 años después, ya con Peña Nieto, se mantiene en proceso de liquidación, y nadie supo, nadie sabe, aunque todo el mundo le metió la mano, mientras Víctor Flores derrocha dinero y los jubilados se mantienen en el filo de la navaja.

Las rebanadas del pastel

Retomo la propuesta de la lectoría: que las comunidades afectadas por el ecocidio de Grupo México presenten sus propias demandas penales ante las instancias conducentes, y en caso necesario que recurran a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si esperan que el gobierno federal o el sonorense los reivindique, están fritos…. Va un enorme beso y un abrazo de mi tamaño a la dueña de mis sistemas cardiaco y nervioso por la velita número 16. ¡Salud!

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