a historiadora Patricia Galeana señaló hace poco que en estos momentos en que la clase política vive un proceso de degradación, la jerarquía católica ha emprendido una fuerte ofensiva contra el Estado laico mexicano. Señaló que muestra de lo anterior es la criminalización, en 18 estados, del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Por su parte, Bernardo Barranco, vicepresidente del Centro de Estudios de las Religiones de México, dijo que en la actualidad el Estado laico no sólo está amenazado por los sectores teocráticos de las iglesias, sino también por la clase política y su visión cortoplacista y electoral.

En meses anteriores hemos atestiguado diversas manifestaciones de actores políticos que violentan y ponen en peligro el principio de laicidad que, por mandato constitucional, caracteriza a la República Mexicana.

En concreto, los gobernadores de Chihuahua, César Duarte; de Veracruz, Javier Duarte, y del estado de México, Eruviel Ávila, todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han hecho declaraciones o participado en actividades de indiscutible índole religiosa. En los tres casos, al ejecutar esas acciones, actuaron en su carácter de gobernadores constitucionales de sus respectivos estados.

Por su parte, los partidos del Trabajo y Acción Nacional celebraron una alianza electoral en Durango para la que pidieron –y obtuvieron– la bendición de un arzobispo. En Zacatecas, el gobierno recibió al nuevo purpurado con pendones que ostentaban la frase: Bendito el que viene en nombre del Señor, y hemos visto a titulares del Ejecutivo estatal encabezando peregrinaciones y participando en otros actos religiosos.

Se trata de acciones inadmisibles que representan un retroceso histórico, violentan la Constitución, vulneran la laicidad estatal y, en esa medida, amenazan a la democracia. Sólo en un Estado laico se garantizan la igualdad en derechos y las libertades de conciencia y de religión. Nuestra Constitución es clara al respecto: prohíbe la discriminación por razones religiosas (artículo primero) y recoge, entre otras, esas libertades (artículo 24).