La decisión del gobierno federal de centralizar en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la investigación a Grupo México por el derrame de sustancias químicas a un afluente del río Sonora ‘‘podría ser positiva’’ para el consorcio minero encabezado por el empresario Germán Larrea, según un análisis de Acciones y Valores (Accival), subsidiaria bursátil de Banamex.

‘‘El riesgo colateral negativo’’ para el consorcio minero por el derrame de químicos ocurrido a inicios de este mes ‘‘parece haber disminuido’’, consideró Accival en un reporte publicado este miércoles después de reunirse con ejecutivos de Grupo México, expertos políticos e inversionistas que participan en los mercados financieros locales.

‘‘Un experto político de Banamex considera que es improbable que exista un riesgo estructural importante para la compañía. La investigación se centralizó a través de la Semarnat (no de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa), lo cual muestra el interés de controlar centralizadamente el resultado y podría ser positivo para la compañía. A los políticos a nivel federal y estatal les incentiva una retórica dura, pero México también necesita demostrar que a los concesionarios se les trata justamente y conforme a las leyes vigentes’’, menciona Accival.

El 6 de agosto pasado ocurrió un derrame de ácido sulfúrico en instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. El vertido de 40 millones de litros de productos tóxicos contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, y fue calificado el martes pasado por el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, como ‘‘el peor desastre ambiental de la industria minera del país’’.

Expertos de Accival, según reporte emitido ayer por esa casa de bolsa, se reunieron con ejecutivos de Grupo México, entre ellos Daniel Muñiz, director de finanzas y administración, así como con ‘‘expertos, políticos’’ e inversionistas locales para analizar algunas de las consecuencias del derrame ocurrido a inicios de mes.

‘‘En general somos más optimistas; es decir, el ‘riesgo colateral negativo’ (para Grupo México) parece haber disminuido. Sin embargo, continuaremos siguiendo de cerca la situación y mantendremos reuniones con autoridades y otras entidades’’, mencionó Accival.

Hasta ahora, las autoridades de la Semarnat, Profepa y Comisión Nacional del Agua (Conagua) han anunciado una multa por 40 millones de pesos a Grupo México, de acuerdo con el reporte de Accival.

‘‘Consideramos que la ausencia de nuevas sanciones (después de la conferencia que ofrecieron los titulares de esas tres instancias gubernamentales el martes pasado) es un dato positivo muy importante (para Grupo México). Las agencias ambientales, que continuarán siguiendo de cerca la situación las próximas semanas, indicaron que las tareas de limpieza del consorcio minero podrían costar cientos o miles de millones de pesos. Sin embargo, estas cifras son un estimado de costos, no una multa, y desconocemos con qué base se calcularon’’, añadió Accival.

Como referencia, mil millones de pesos, unos 80 millones de dólares, equivalen a 0.3 por ciento de la capitalización de mercado (el valor de sus acciones en bolsa) del Grupo México, calculó.

La empresa de Germán Larrea ha dicho que ha acatado todas las normativas vigentes, lo cual –según Accival– es importante, dado que ‘‘limita las consecuencias negativas’’. La compañía no descarta demandas civiles individuales, pero los analistas de la casa de bolsa de Banamex no esperan que representen un problema considerable para el consorcio minero, aunque admitieron que podrían pasar meses hasta tener una idea más clara.

Aún se desconoce el impacto a la nueva ley ambiental en México, ya que se trata del primer caso importante, dijeron. La ley prevé la revocación de concesiones, pero solo en circunstancias específicas que no son aplicables en este caso.

Como parte de la reforma energética, en México entró en vigor una nueva ley ambiental a principios de 2014, más orientada al sector energético que al minero, explicaron. Esta ley indica que sólo se pueden revocar las concesiones si la compañía no intenta resolver el problema inmediatamente, si persisten los problemas, y si la compañía no acata las órdenes de las instancias gubernamentales.

‘‘Un experto político de Banamex apunta que es improbable que exista un riesgo estructural importante para la compañía. La investigación se centralizó a través de la Semarnat, no de la Profepa, lo cual muestra el interés de controlar centralizadamente el resultado, y podría ser positivo para la compañía. A los políticos a nivel federal y estatal les incentiva una retórica dura, pero México también necesita demostrar que a los concesionarios se les trata justamente y conforme a las leyes vigentes’’, mencionó Accival.