Familiares de víctimas de desaparición forzada entregaron ayer en el Senado un documento acompañado con cientos de firmas de organizaciones civiles, de académicos y otros personajes, en el que demandan que se apruebe en el próximo periodo de sesiones una ley general sobre desaparición forzada de personas.

El propósito es que ese delito sea tipificado en las normas nacionales y se convierta en elemento para prevenirlo e investigar y sancionar las desapariciones actuales y las del pasado.

Nadín Reyes, del comité Hasta Encontrarlos e hija de Edmundo Reyes Amaya –integrante del Ejército Popular Revolucionario desaparecido en Oaxaca en 2007–, dijo que aun cuando personal de la oficina de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, se comprometió desde mayo pasado con varias organizaciones a ocuparse del tema y citarlos a una mesa en la que se discutirían sus peticiones, hasta el momento no han sido atendidos.

Los inconformes exigieron a los legisladores dar entrada inmediata a esa iniciativa, porque se trata de delitos de lesa humanidad que deben ser resueltos. Lo anterior, en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora el sábado 30.

La idea, explicó Reyes, es que a partir de esta ley el delito de desaparición sea reconocido en las legislaciones de todas las entidades del país.

Con esa ley se otorgaría personalidad jurídica a los desaparecidos, se garantizarían los derechos de los familiares y se darían las condiciones para generar un banco de ADN, con el fin de acelerar las investigaciones para la localización.

La norma posibilitaría la creación de un registro nacional de desaparecidos con la información de todas las víctimas de ese delito desde el periodo de la llamada guerra sucia (años 60 y 70 del siglo pasado) hasta los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En el documento, firmado, entre otros, por los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Miguel Agustín Pro Juárez y Paso del Norte de Ciudad Juárez, así como por académicos como Gilberto López y Rivas, Carolina Robledo (quien ha realizado investigaciones sobre el tema) y María Teresa Villarreal, se demandó que en las discusiones legislativas y análisis sobre el tema se incluya a los familiares de personas desaparecidas y a organizaciones civiles.

Los familiares de las víctimas de desaparición forzada también entregaron una carta dirigida a los legisladores mexicanos suscrita por las Madres de Plaza de Mayo, de Argentina (agrupación formada por familiares de desaparecidos políticos en aquella nación), en la que las activistas enfatizan la relevancia que una ley en la materia ha tenido para que las víctimas de este delito en su país estén encontrando justicia.