La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad del régimen de consolidación fiscal (aprobado por el Congreso en 2009), lo que evitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) devolver miles de millones de pesos que grandes corporativos pretendían recibir vía deducción de impuestos, alegando que la norma era ilegal.

Al negarle un amparo a la empresa Inland Corrugados de México SA de CV, fabricante de empaques de cartón, la cual pretendía evitar el pago de unos 7 mil millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), los ministros establecieron el criterio jurídico de que el régimen de consolidación fiscal no transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria.

De acuerdo con estimaciones, más de 140 corporativos impugnaron la aplicación retroactiva de ese esquema fiscal, que los obligó a pagar impuestos diferidos de 2004 a 2009. Tan sólo en la SCJN están pendientes de resolverse más de 70 amparos similares y el resto están en tribunales colegiados.

Dada la importancia del tema, la segunda sala creó una comisión de secretarios de estudio y cuenta, la cual elaboró el proyecto de dictamen, que fue aprobado en la sesión del pasado miércoles, y una vez resuelto el amparo, los ministros estarán en condiciones de elaborar las tesis jurisprudenciales –de observancia obligatoria– para resolver, y negar, los amparos pendientes de resolución.

Para dar una idea de los montos multimillonarios que pretendían deducir las empresas, en febrero de 2010 ICA emitió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para informar que ese año desembolsaría por consolidación fiscal 676 millones de pesos y para los próximos cinco años su pago estimado suma 2 mil 703 millones.

En su momento, Cemex señaló que el nuevo régimen tendría un impacto para sus finanzas de casi 800 millones de dólares.

También en su momento, la SHCP argumentó la necesidad de modificar el régimen de consolidación fiscal, en virtud de que los hoyos que tienen las leyes fiscales que han impulsado la elusión en el pago de impuestos provocan que las grandes empresas en México sólo pagaran en promedio una tasa efectiva del impuesto sobre la renta (ISR) de 1.78 por ciento respecto a sus ingresos acumulables.