e temo que trato de nuevo un tema que ciertamente está de moda, pero que ya ha sido comentado, y de la mejor manera, por Carlos de Buen y Arturo Alcalde. Sin embargo, creo que no puedo dejar pendiente el asunto.

Siempre que me refiero al tema me veo obligado a mencionar lo que dice la fracción II del artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo a propósito de las obligaciones del director técnico de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Es evidente que si se cumplieran no habría problema mayor. En particular debe realizar las investigaciones y estudios necesarios para determinar periódicamente a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de cada familia, entre otras, las de orden material, tales como la habitación, menaje de casa, alimentación, vestido y transporte, las de carácter social y cultural, tales como concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y las relacionadas con la educación de los hijos.

Parecería necesario que quien desempeñe esa función tan importante que la ley le autoriza solicitar toda clase de informes de las instituciones oficiales, federales y estatales, y de los particulares que se ocupen de problemas económicos y, además, debe recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los trabajadores y patrones, con cuyo material tendrá que preparar un informe y someterlo a la consideración del consejo de representantes.

Es evidente que dada la trascendencia del problema, debería darse a conocer públicamente el informe del director técnico, pero el problema radica en otro punto, que es definitivo: la integración de comisiones consultivas que deben recibir el estudio del director técnico, que deben formarse con los representantes de los trabajadores y de los patrones y los asesores que considere pertinente el presidente de la comisión nacional y, además, con un secretario técnico.

Es incuestionable que en nuestro medio laboral los representantes de los trabajadores lo serán de los sindicatos corporativos, cuya orientación es, esencialmente, de apoyo al punto de vista patronal, que también estará expresado por el director técnico, como es costumbre en nuestras precarias autoridades del trabajo, v.gr. con relación al registro de los sindicatos y al tratamiento del derecho de huelga, de tal manera que el supuesto tripartismo laboral se convierte en un bipartismo de hecho. La autoridad seguirá las instrucciones de las autoridades estatales, que los representantes patronales recibirán encantados de la vida, sin oposición real de los representantes sindicales, siempre esencialmente corporativos.

Ese es el problema fundamental en el mundo laboral, que se refleja de manera principal en las resoluciones que dictan en los juicios las juntas de conciliación y arbitraje, en donde los votos negativos de los llamados representantes obreros tropiezan con la mayoría permanente de los otros dos representantes, si en el juego participan sindicatos corporativos, que es lo normal dada la forma en que se nombra a esos representantes.

Yo he propuesto reiteradamente que deberían ser sustituidas las juntas de conciliación y arbitraje por jueces de lo social. La experiencia indica que suelen ser justos, y contrarios a un sistema de consignas, por lo menos en general. Las resoluciones de los jueces de distrito y de los integrantes de los tribunales colegiados, y particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en general no favorecen a una parte determinada y se sustentan en una valoración adecuada de los hechos y de las normas aplicables, no en consignas.

Con respecto a los salarios mínimos debería intentarse su determinación por autoridades ejecutivas, que tendrían que fundar sus resoluciones sin sospechas sobre su orientación política y económica. A lo mejor es posible, aunque reconozco que me quedarían dudas.

La otra fórmula sería el adecuado manejo de los contratos colectivos de trabajo, aunque también en ese caso el corporativismo puede echar las cosas a perder.

Quedaría como mejor alternativa que los empresarios entendieran que sin salarios suficientes no puede haber mercado, por lo que rebajar los salarios es una forma idiota de provocar el desempleo y la miseria. Y en eso estamos.