León, Gto., 1º de septiembre.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) citó como testigos a los 118 ex permisionarios del servicio de limpia municipal, como parte de la investigación contra la alcaldesa priísta de León, Bárbara Botello Santibáñez, por otorgar una concesión supuestamente irregular por 20 años para la recolección de basura, informó el presidente del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Ling Altamirano.

El 14 de julio cuatro diputados federales y dos locales del PAN denunciaron penalmente a Botello Santibáñez por tráfico de influencias, concusión, abuso de autoridad y administración fraudulenta. La PGJE integró la averiguación previa 17794/2014.

La alcaldesa fue acusada de lanzar una licitación amañada para entregar la concesión a Red Recolector, de Monterrey, Nuevo León, y a la recién creada Gestión e Innovación en Servicios Ambientales (Gisa), empresas que cobrarán 150 millones de pesos anuales por el servicio.

Los 118 pequeños empresarios y las mil 200 familias que vivían de la recolección y durante 35 años prestaron el servicio percibían 89 millones de pesos al año.

Ling añadió que Botello es incongruente al acusar a los ex permisionarios de haber prestado un mal servicio y, por otro lado, trate de parar las manifestaciones en su contra al ofrecer a los inconformes rutas rurales, un centro de acopio y 600 plazas para ex recolectores.

Cuando se le preguntó al dirigente partidista si hay funcionarios que estén haciendo negocio con las nuevas empresas, respondió que no se ha aclarado por qué a Red Recolector le pagan 390 pesos por tonelada de basura y a Gisa, 350.

Ling adelantó que si el PAN recupera León en la elección de 2015 revisarán el contrato, pues no puede exceder de tres años.